Un fiscal nacional para el cambio

En la conciencia ciudadana destaca el consenso en una cierta fatiga institucional que atraviesa a todos los órganos del Estado, incluyendo al Ministerio Público (MP). La elección de un nuevo fiscal nacional (FN) permite reflexionar sobre sus desafíos, ante la frustración generalizada por el aumento de la delincuencia y el crimen organizado, y la falta de efectividad en quienes deben impedirlo.

Los cuestionamientos al MP se refieren a los magros resultados en la persecución penal (exitosa en delitos de flagrancia, fallida en imputado desconocido), que incluye un alto porcentaje de causas que no se investigan o se archivan ante la mirada atónita de los afectados: el 50% de los casos queda impune. Asimismo, se critica: deficiente sistema de nombramientos que genera endogamia; ausencia de controles externos que, sin afectar su autonomía, aseguren una eficaz supervisión y rendición de cuentas; falta de especialización -por ende, de formación pertinente- para asumir indagatorias complejas con éxito en conclusiones; debilidad en probidad y transparencia que impiden un debido control al ejercicio impropio de la función, olvido de las víctimas y manejo discrecional de la información de una investigación.

Frente a este diagnóstico, algunas sugerencias producto de reflexiones compartidas con muchos.

El sistema de nombramiento de fiscales regionales y adjuntos conlleva una participación excesiva de los tribunales de justicia (elaboran las ternas), distrayendo su tarea jurisdiccional e interviniendo en asuntos de poder con efectos negativos.

A su vez, el mecanismo ha priorizado la selección de personas de la institución en desmedro de otras que favorezcan su renovación: de 257 nombramientos efectuados entre 2010 y 2015, solo tres eran externos. Designaciones posteriores indican que de 145 ingresos a fiscales adjuntos, 144 pertenecían al Ministerio Público.

Urge diseñar un sistema que selecciones en forma técnica, transparente y profesional. Comisiones autónomas, integradas, por ejemplo, por representantes del Servicio Civil y académicos designados por decanos de Derecho, con postulaciones concursales, podrían elaborar las ternas.

La idea de un control externo, resistida por el MP, es imprescindible para asegurar el cumplimiento de su labor, sin interferir en la persecución penal. Se podría concebir una evaluación externa del desempeño individual de los fiscales a partir de un Plan de Metas establecidos por el MP (algo existe, pero mezclado con metas administrativas y sin evaluación externa). Tal evaluación revisaría su cumplimiento y propondría mejoras, sería público, pero no vinculante.

La experiencia reciente demanda una mayor especialización en las labores investigativas. La creación de unidades internas con distintos objetivos ha sido útil, pero insuficiente. Es menester contar con capacidad humana especializada (no asesoras) en delitos complejos, para los que no todos están preparados. Ello obliga a revisar su formación (la Academia de Fiscales, aún de baja intensidad) y a crear fiscales especializados con más inteligencia en la persecución y herramientas ad hoc. Así, por ejemplo, el combate al crimen organizado exige nuevas formas de investigación (medidas intrusivas, agentes encubiertos, etcétera, incluyendo a las policías) que requieren de cambios legales y capacitación permanente; lo mismo puede decirse de la corrupción o de violaciones a los DD.HH.

Las faltas a la probidad de los fiscales están bajo la potestad del FN, más por razones operativas, resulta difícil ejercerla. En ese sentido y para evitar que las denuncias por ilícitos de los fiscales (favorecer a un imputado, filtrar información a la prensa o maltrato) sean investigadas por sus pares e impedir así conflictos internos, podría existir un tercero imparcial, sea una unidad o incluso una fiscalía de asuntos internos, que investigue con equipo propio, dependiente del FN, para su resolución. 

Esta transformación supone fortalecer la transparencia, participación y rendición de cuentas (la evaluación externa propuesta va en esa dirección). El MP debe informar a la ciudadanía el cumplimiento real de sus objetivos. También este acceso a la información es clave para las víctimas que alegan no ser consideradas por la entidad. Es cierto que los fiscales no las representan (lo que exige crear una Defensoría de Víctimas), pero deben ser tomadas en cuenta. La unidad de atención de víctimas (Uravit) cumple con protegerlas pero no con su reclamo: "¿qué gestiones se realizan en mi caso?".

Por último, es indispensable regular por ley el lobby de los fiscales como sujetos pasivos (hoy lo son solo el FN y los fiscales regionales), informando las reuniones que sostengan.

Este somero análisis apunta a un nuevo diseño institucional en el MP, buscando que la designación del próximo FN comprometa al Gobierno y al Congreso Nacional a impulsarlo, con la debida participación. El letargo que se advierte en el avance legislativo de cambios centrales a la justicia debe ser abandonado.