Los efectos de la pandemia en materia educacional fueron devastadores. Las primeras estimaciones calculan una pérdida de entre un 50% y un 80% de un año académico a nivel global. Para Chile, debido a su inusual tardía para retomar las clases presenciales, el impacto se calcula en más de un año escolar.

Esto tiene costos para toda una generación de estudiantes, que no podrá recuperar la totalidad de los aprendizajes perdidos, costos económicos para el país y costos de salud mental para niños y sus familias. Y en nuestro país ya estamos atrasados en dar una respuesta efectiva.

En este contexto es que se comunica la decisión del Colegio de Profesores de iniciar un paro indefinido que podría afectar a más de 5 mil colegios. Esto es similar a que se hubiera aprobado una paralización de Conaf en medio de los incendios forestales de 2017, o de profesionales de la salud durante el Covid en 2020. Es legítimo que el gremio vele por los intereses de sus colegiados, pero no es justo que lo hagan en medio de una crisis de esta magnitud, impidiendo que niñas y niños puedan recuperar de forma urgente el tiempo perdido.

No fue justo mantener a los niños fuera de la sala de clases por un tiempo récord a nivel mundial durante la pandemia, y no es justo volver a cerrar las escuelas por negociaciones de pagos con el Gobierno. Esta decisión solo acrecienta día a día la otra deuda histórica: la que el Colegio de Profesores tiene con los niños y niñas de Chile.