La Tercera reunión de la Conferencia de las Partes (COP 3) del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe -conocido como Acuerdo de Escazú- finalizó hoy en la sede principal de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), reforzando el compromiso de reconocer, proteger y promover todos los derechos de defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.

En la reunión de tres días, los Estados Partes aprobaron el Plan de Acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, una inédita hoja de ruta que busca poner en marcha un conjunto de ejes prioritarios y acciones estratégicas para avanzar hacia la implementación plena y efectiva del artículo 9 sobre Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales del Acuerdo de Escazú.

El artículo 9 del tratado establece, entre otras cosas, que cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio para que las y los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Y que deberá tomar medidas para reconocer, proteger y promover sus derechos, así como para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones.

Durante el primer día de la conferencia, Dominica se convirtió oficialmente en el 16 Estado Parte del Acuerdo de Escazú, al confirmar el depósito de su ratificación ante la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. De esta forma, el país caribeño su suma a Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay. Otros países que participaron como observadores son Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala y Perú.

700 asistentes

La COP 3 del Acuerdo de Escazú congregó a más de 700 personas en forma presencial, entre delegaciones de 15 Estados Parte y nueve países observadores, miembros del público -entre ellos numerosos jóvenes y representantes de los pueblos indígenas-, de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales. También fue seguida por cientos de personas de manera virtual.

En la clausura de la reunión, el Director del Área Jurídica del Ministerio de Ambiente de Uruguay y Presidente de la Mesa Directiva del Acuerdo de Escazú, Marcelo Cousillas, subrayó que la implementación nacional del tratado es uno de los principales desafíos que enfrentan los Estados Partes e instó a trabajar para que más países integren el acuerdo regional.

“Hay 33 países que tienen la vocación de participar de esta asamblea. Nos queda trabajo para invitarlos, ayudarlos, fortalecer a la sociedad civil en esos países, para dar la posibilidad de que se entiendan los alcances y las ventajas de este acuerdo que posee un ámbito de diálogo, de cooperación”, afirmó

Plan de acción

Joara Marchezini, representante electa del público, en tanto, reconoció que, si bien aún queda mucho por hacer, se han materializado importantes avances, como el Plan de Acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, que permitirá cambiar el futuro de la región. “El futuro está marcado por la implementación”, señaló.

Anixh de Pablo, lideresa indígena del Gobierno Ancestral Plurinacional Q'anjob'al, Chuj y Akateko de Guatemala, demandó la inclusión de elementos y mecanismos que garanticen la participación de los pueblos indígenas, e instó a los Estados Partes a crear e institucionalizar los mecanismos de participación plena y efectiva de defensoras y defensores del medio ambiente en sus planes nacionales, a destinar los recursos necesarios para garantizar dicha participación y a diseñar los procesos de evaluación periódica de estos planes.

Carlos de Miguel, Oficial a Cargo de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, llamó a seguir construyendo juntos el camino trazado. Advirtió que en la región hay todavía 183 millones de personas viviendo en situación de pobreza, por lo que queda mucho trabajo por hacer.

“América Latina y el Caribe tiene que cambiar su modelo de desarrollo para crecer sin afectar el ambiente. Hay que invertir más y mejor y generar empleos de calidad para que el bienestar llegue a todos. Esto implica implementar el Acuerdo de Escazú en los territorios”, subrayó.

Acceso a la justicia

La jornada de clausura incluyó una sesión especial sobre el acceso a la justicia en asuntos ambientales, uno de los grandes retos en América Latina y el Caribe, y otra sobre la importancia de garantizar una óptima participación ciudadana en los procesos de evaluación ambiental.

En la COP 3 los Estados Partes aprobaron un proyecto de decisión en el que acogen con beneplácito todas las medidas, acciones y actividades dirigidas a integrar y reforzar la perspectiva de género en las materias relativas al Acuerdo de Escazú. También alientan a las Partes a que sigan fomentando la participación plena y efectiva de las mujeres en toda su diversidad, incluyendo a las mujeres indígenas, y la incorporación de la perspectiva de igualdad de género en la aplicación del Acuerdo.

Asimismo, los países renovaron por los próximos dos años a la actual Mesa Directiva de la Conferencia, que está compuesta por Uruguay en la Presidencia, junto a Antigua y Barbuda, Argentina, México y Santa Lucía en las Vicepresidencias.

La cuarta reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú se realizará del 22 al 24 abril de 2026 en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile.