Contraloría instruye sumarios administrativos en caso de niños haitianos que ingresaron a Chile

La Contraloría General de la República, en su Informe Final N°541-2025, emitido hoy 24 de junio, constató graves irregularidades a raíz de una investigación por denuncias relacionadas con el ingreso al país de niñas, niños y adolescentes provenientes de Haití bajo la categoría de reunificación familiar, quienes arribaron a Chile a través de vuelos chárter, ante posibles vulneraciones a sus derechos.

En su informe definitivo, la Contraloría detectó incumplimientos a la normativa en el otorgamiento de permisos de reunificación familiar, entre ellos la utilización de certificados vencidos o no legalizados, la ausencia de documentos obligatorios y la emisión de un memorándum que —sin contar con atribuciones legales— redujo los requisitos y condiciones exigidos por la ley y el reglamento para autorizar el ingreso al país.

Además, se registró irregularidades en el control de vuelos chárter, donde se comprobó que una aerolínea no presentó el listado de pasajeros exigido por la normativa, sin que el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) les sancionara oportunamente.

Por otro lado, se detectó una verificación insuficiente de los adultos responsables de los menores que viajaban, junto con otras inconsistencias en la información entregada, lo que impidió garantizar un adecuado control migratorio de los menores que viajaban.

Asimismno, en el informe final de la Contraloría, también se evidencia una serie de incumplimientos del Sermig, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez, asociados a debilidades en el control interno, falta de coordinación institucional y deficiencias en la gestión de los procesos migratorios mismos.

Resguardo de niños

Otro de los hallazgos apunta a una falta de coordinación interinstitucional entre estos organismos, para resguardar a los niños, niñas y adolescentes, situación que derivó en la ausencia de protocolos comunes, deficiencias en el intercambio de información y respuestas tardías ante situaciones de riesgo, afectando el seguimiento efectivo de los menores para asegurar su protección.

Respecto del Sermig, la Contraloría detectó debilidades significativas en sus controles internos, como la falta de verificación de los datos autorreportados por los solicitantes, la inexistencia de protocolos para enfrentar situaciones críticas —como el fallecimiento del vínculo familiar— y la aprobación de permisos, sin contar oportunamente con antecedentes esenciales, como el informe policial. Además, se identificaron registros incompletos, duplicados o erróneos.

Por su parte, la PDI no cuenta con manuales generales, formales y completos de control migratorio, operando únicamente con instructivos parciales. También se detectaron errores en los registros, como la digitación incorrecta de pasaportes, discrepancias en la información migratoria respecto del Sermig y debilidades en la fiscalización de extranjeros en situación irregular, función que le corresponde ejercer según la ley.

El informe también advierte una débil estructura de control interno y de gestión, evidenciada en la falta de segregación de funciones, la ausencia de procedimientos formales para la asignación de solicitudes y carencias en la definición de roles dentro de los sistemas informáticos institucionales.

Sumarios

Ante las irregularidades detectadas, la Contraloría instruyó sumarios administrativos en los tres servicios auditados con el objetivo de determinar eventuales responsabilidades funcionarias.

Asimismo, ordenó implementar sistemas de seguimiento activo de los niños, niñas y adolescentes por parte de la Subsecretaría de la Niñez y las oficinas locales de la Niñez, con el propósito de verificar que sus derechos no hayan sido vulnerados.

Además, se realizará un examen de cuentas autónomo, debido a la falta de aplicación de sanciones económicas a una aerolínea que ingresó al país incumpliendo la normativa vigente.

Finalmente, el organismo instruyó un procedimiento disciplinario por la vulneración del deber de reserva del preinforme y el tratamiento indebido de información sensible, incluidos datos de niños, niñas y adolescentes, además del envío de los antecedentes de dicha filtración al Ministerio Público.

Ver informe final completo aquí.