Sobre el no pago de expropiaciones en tierras indígenas por obras del MOP

Las Consultas Indígenas por obras del Ministerio de Obras Públicas (MOP) se anuncian en medios de circulación nacional y sus bitácoras se detallan minuciosamente en su página web. Mucha gente se alegra con estos anuncios porque prometen el pago de expropiaciones por concepto de franjas, paños, servidumbres, entre otros. En el contexto de la actual crisis económica, la expectativa es aún mayor. Sin embargo, lo que los funcionarios y demasiados ciudadanos parecen ignorar es que dichas expropiaciones muchas veces nunca se hacen efectivas ni se pagan en la práctica.

El problema es simple, pero curiosamente no se ha resuelto: las tierras indígenas están reguladas, pero sus usos, goces y las posesiones efectivas de las familias frente a sus antepasados fallecidos muchas veces no lo están.

En consecuencia, el MOP termina pagando las expropiaciones a personas que ya no existen o que resultan imposibles de localizar para la notificación debido a la falta de numeración (direcciones sin número) característica de la ruralidad. Paradójicamente, el Estado sí encuentra a las personas para expropiar y construir, pero cuando se trata de hacer el seguimiento administrativo de estas anomalías, se vuelven inubicables.

Por lo tanto, muchas veces el problema no es que los pagos no existan, sino que en la práctica caducan. En el mejor de los casos, las personas que no se resignan reclaman y acuden a abogados. Los profesionales asisten a los tribunales, estos le exigen respuestas al MOP y el ministerio se limita a responder que nadie ha cobrado. El dinero del pago puede quedar entonces estancado en el tribunal o, eventualmente, en la Tesorería General de la República (TGR) al no existir un reclamo formal. De este modo, los reclamantes de escasos recursos deambulan de un servicio a otro como si fuesen una pelota de flipper. Nadie toma el toro por las astas y estas expropiaciones, aunque figuren como "jurídicamente" pagadas, carecen de un pago efectivo y real.

A menos que surja un equipo de regularización caso a caso para estas expropiaciones, esta nueva avanzada parece más bien un nuevo modelo de usurpación territorial por parte del Estado de Chile en territorio indígena. Así como en otros ámbitos la sofisticación estatal llega al "nanorracismo" de la mano del neoextractivismo, esta mascarada de errores y lagunas administrativas resulta sospechosa y perfectamente puede leerse como una intencionalidad programada.

¿Veremos décadas más adelante fallos judiciales que expongan esto como la vergüenza de los arriendos a 99 años, los cuales hoy se aprecian con el pudor de la injusticia histórica?

Que el Estado de Chile supere su subdesarrollo depende de empezar a hacer las cosas bien, sale más bonito y más barato.