El refugio seguro del Fondo E no era tal: el sistema de pensiones demanda urgentes correcciones

Desde el origen del actual sistema de pensiones, se vendió la fórmula infalible de convertir a los cotizantes de las AFP en pequeños inversionistas: se les transfirió la responsabilidad de salvaguardar, o arriesgar, sus ahorros previsionales mediante la creación de los fondos A, B, C, D y E.

Se dijo, entre varias promesas incumplidas –hoy contamos una más– que un perfil arriesgado maximizaba las ganancias. Asumir el riesgo podría facilitar a los futuros pensionados una mejor pensión. Para perfiles menos osados, o cercanos al retiro, se recomendó la mesura del fondo E; donde los recursos estarían a resguardo, aun cuando comprendieron que su pensión sería menos generosa.

Lo anterior produce dos controversias inmediatas, que son profundamente políticas: la primera, empujada por el cambio cultural –impuesto por la dictadura– que significaron las AFP. Porque las AFP fueron en la práctica una imposición, no tuvieron alternativa. Vale la pena no perder de vista esta realidad.

¿Cuál fue ese cambio cultural? Que las cotizaciones previsionales pasaron, de ser un bien preciado y un objeto de seguridad social, a transarse en los mercados. Después de una vida de trabajo, todas las personas merecen envejecer con condiciones mínimas, que aseguren una vida digna; pero el sistema se basó, en la teoría, en premiar a los valientes, y en asegurar lo justo para los más conservadores.

Sin embargo, con el tiempo, ni los unos ni los otros pueden recoger los dulces frutos de su ahorro previsional. Tuvo que salir el Estado –y en buena hora, cumpliendo su rol– para complementar las escuálidas pensiones de AFP mediante la PGU, política pública que ha significado un verdadero salvavidas contra la pobreza en la vejez.

Pero este diseño excluyó un necesario análisis, sobre la pertinencia de un sistema que invierte y arriesga ahorros previsionales de forma no muy distinta a la que tranza las riquezas –y excedentes de riquezas– de las grandes fortunas de nuestro país y del mundo.

Mientras los grandes grupos económicos arriesgan siempre con una espalda razonable –loque convierte buena parte de las pérdidas en vaivenes inocuos y sucesos testimoniales–, la pérdida del 10 por ciento de los ahorros previsionales de un chileno o chilena puede ser un verdadero desastre, a la luz del modesto ahorro previsional que logra la gran mayoría de los cotizantes en su vida laboral.

Luego, la segunda controversia está en la confiabilidad –y por ello, legitimidad y sustentabilidad– que le merece al país el sistema de AFP. Porque, con los dedos de una mano, podemos contar las promesas incumplidas del sistema.

Inauguró este repertorio el compromiso de jubilar con el 70% del sueldo, planteado por José Piñera. Le siguió la promesa de que la rentabilidad sería suficiente para garantizar buenas pensiones. Inmediatamente, vino el anuncio de que el cambio al sistema privado sería voluntario, algo por completo ilusorio, frente a las duras presiones de los empleadores en el contexto de la dictadura militar; y ya en democracia coronó el anuncio, en febrero del 2000, de que los pensionados jubilarían con el 100% de su sueldo en 2020. Hasta aquí van cuatro compromisos incumplidos.

Pero llegó octubre de 2026, y los paños fríos que debió poner el Estado con la PGU ya no alcanzan para cubrir una nueva promesa sin cumplir: la existencia del fondo E como puerto seguro y refugio para los futuros pensionados.

La pérdida del 10,39% del ahorro acumulado en los fondos E, entre enero y septiembre de este año, es un hecho de gravedad. En ello corresponde distinguir dos realidades: una, es cómo el sistema está mal concebido, porque –como decíamos antes– transfiere a las personas el riesgo financiero: cuando las obliga a elegir un fondo, cuando libera a las AFP de asumir pérdida alguna, y cuando la volatilidad no la asume el privado, ni el Estado, sino enteramente el futuro pensionado.

Como ya planteamos, los trabajadores de nuestro país no son, en su abrumadora mayoría, operadores de una Mesa de Dinero o analistas de la bolsa, por lo que exigirles que anticipen las variaciones del mercado y asuman por sí solos las pérdidas, es una falla grave del sistema en cuanto a su diseño, y una muestra patente de su enfoque individualista.

Y la segunda realidad es circunstancial, pero no por ello menos gravosa. La Asociación de AFP concurrió al Senado y explicó a los legisladores y a la ciudadanía, como dijo su presidente: el fondo E está obligado por ley a invertir un buen porcentaje en instrumentos de renta fija, como bonos del Estado, del Banco Central o de grandes empresas. En el contexto de la pandemia y años posteriores, los bancos centrales (en especial el FED) subieron bastante las tasas de interés para controlar la inflación; pero ello causa que el valor de estos instrumentos caiga.

Lo anterior no es menor, pero la Superintendencia de Pensiones también reveló que alertó a las AFP sobre el riesgo excesivo que tomaban al utilizar algunos instrumentos supuestamente conservadores; e informes de mercado admiten que las aseguradoras siguieron un “efecto rebaño”, repitiendo el comportamiento de la competencia en lugar de afinar el análisis. La responsabilidad de las AFP está, por lo tanto, investigándose.

Estas explicaciones generaron un acalorado debate en el Senado, donde algunos legisladores pidieron incluso que las AFP restituyan las pérdidas. Pero, independientemente de las decisiones, quedémonos con el fondo del problema: que posibles irresponsabilidades en la administración de los recursos deben ser esclarecidas; y que si los fondos E están expuestos a graves riesgos globales, el sistema tiene un defecto grave de diseño, urgente de corregir.

Se desnuda una vez más, que el modelo de AFP ya no puede mantenerse incólume: una reforma al sistema es imperiosa, para reequilibrar la balanza en un modelo que no obliga a las AFP a prevenir malas decisiones, pero sí a los afiliados a asumir las pérdidas; y cuyo fondo más conservador sufre exposición y graves riesgos. La necesidad es avanzar hacia un sistema de seguridad social verdadera, donde exista un mejor cuidado de los recursos y se amorticen las pérdidas.

Si no es así, entonces me pregunto: ¿cuántas otras medias verdades, cuántos otrosdescuidos, cuántos más “vaivenes internacionales”, y cuántas otras explicaciones para que entendamos –como dijo el presidente de las AFP– tendrán que soportar los futuros jubilados de Chile?