La Constitución vigente además de tener un origen con falta de legitimidad está diseñada para garantizar un modelo de desarrollo que prioriza el interés particular por sobre los derechos básicos de las personas.

Así ha quedado demostrado en materia previsional, donde si, está garantizada la participación en el uso de los recursos de los cotizantes, para las administradoras y las empresas ligadas a ellas sin tener como objetivo asegurar pensiones dignas para las personas cuando concluyen su vida laboral, ni mucho menos un sistema de "seguridad social" que se exprese en proteger integralmente los derechos de los trabajadores.

El sistema de salud por otra parte asegura a los prestadores del sector privado una demanda de pacientes cautivos que pagan por sus servicios precios abusivos en un mercado no regulado en el que además el propio estado es en muchos casos su mejor cliente, el que deja de invertir en lo público para fortalecer la oferta privada.

Obteniendo como resultado largas listas de espera en intervenciones quirúrgicas y una estructura de salud carente de un sistema preventivo y sin un vínculo entre los servicios dependientes del ministerio sectorial y la salud primaria atendida con escasos recursos por los municipios.

Otro ejemplo de una constitución que favorece la desigualdad es en el tema educacional donde estos servicios son una mercancía y no un derecho que tenga cobertura y calidad en el servicio.

También ocurre una distorsión de la carta magna para asegurar el agua para el que lo necesita ya sea de consumo humano o de usos productivos porque está privatizada y la prioridad la tienen los que especulan con los derechos de agua que además fueron obtenidos gratuitamente del estado en concesiones sin límites de tiempo.

Es esta Constitución entonces la que limita los derechos de las personas y privilegia los de las empresas privadas, por ello es que el descontento generalizado con "la política" tiene una relación con la incapacidad del sistema de cambiar las bases del entramado constitucional y terminar con estas desigualdades abusos y la negación de los derechos para los ciudadanos.

En resumen, el maltrato para el ciudadano de a pie en la previsión, salud, educación, servicios básicos tiene su causal en una constitución que, lejos de proteger sus derechos, crea las condicionantes para permitir el abuso impidiendo que el estado cumpla con un rol de actor principal en la atención de esos servicios.

Por ello es necesario un nuevo contrato social a partir de un plebiscito en que una mayoría aprueba el inicio para el cambio de la actual constitución por una que permita el justo trato asegurando los derechos básicos para todos los habitantes de nuestro Chile.