Catalina Sánchez Hidalgo
Se observa un aumento sostenido en los ingresos de causas por homicidios, lesiones y amenazas a lo largo del periodo. Esta tendencia sólo se ve interrumpida el segundo semestre de 2021, producto de la declaración de estado de emergencia. A partir del 12 de octubre de 2021 ingresaron apenas 8 causas por las materias analizadas.
Del total de 239 causas analizadas, un 33% se encuentra finalizada, mientras que el 67% aún está en tramitación. Se observa que el 36% de las causas termina por decisión de no perseverar (28), lo cual se suma al 19% de causas respecto de las cuales se dicta archivo provisional (15) y apenas el 5% de las causas termina por sentencia condenatoria (4).
"...se muestra absolutamente incapaz de procesar satisfactoriamente las causas asociadas al conflicto de violencia sin generar en la población una situación de impunidad generalizada”, señaló José Miguel Aldunate, Director de Estudios del Observatorio Judicial y autor del informe.
A pesar del aumento en el número de causas, no se observa un aumento correlativo en el número de formalizaciones, que se mantiene constante a lo largo del tiempo. Esto indica que la efectividad de la persecución penal es decreciente en términos relativos. Esto se vincula estrechamente con el bajo número de causas con imputado conocido, que en materia de homicidio alcanza apenas un 10%.
Luego, al analizar las medidas cautelares, se observa que la principal medida cautelar decretada es la prohibición de acercarse a la víctima (12), seguida de la prisión preventiva (8).
“El Estado debe rendir cuentas por esta cultura de la impunidad que da cuenta el informe del Observatorio Judicial. Esto debe terminar. Sin justicia no hay paz ni libertad”, afirmó Patricio Santibáñez, presidente de Multigremial de La Araucanía.
El dirigente añadió que, ad portas de solicitarse una nueva extensión del Estado de Emergencia llamaron al gobierno a que le saque el freno de manos y que este no sea acotado, sino que tenga cobertura en todo el territorio tanto para fines preventivos como también persecutorios.
Apenas el 20% de las causas comienza por denuncia, mientras que el 65% de las causas comienza por querella, de las cuales, más de la mitad corresponde a querellas de la Intendencia (46%). Lo anterior da cuenta de la relevancia del rol del Ejecutivo en la persecución de los delitos cometidos en la Macrozona Sur.
Sin la presentación de querellas por el Ejecutivo, es probable que una proporción importante de las causas no se habría judicializado y el informe completo se puede revisar en el siguiente link: https://observatoriojudicial.org/wp-content/uploads/2022/06/Informe-Homicidios-lesiones-y-amenazas-FINAL.pdf.
