70% de los chilenos en redes sociales rechaza la restitución de tierras
La narrativa predominante sostiene que "darles más tierras es un privilegio" (47,3%), lo que refuerza percepciones de injusticia y una crítica a la equidad del proceso.
El ex mandatario aseguró que tiene discrepancias insalvables sobre varios contenidos de esta propuesta, las que a su parecer, comprometen la paz, el desarrollo y la prosperidad de nuestro país.
La Región10/07/2022Catalina Sánchez HidalgoUn voto que para muchos estaba asegurado a favor del apruebo resultó ser todo lo contrario. Se trata del ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle de la Democracia Cristiana, quien este viernes confirmó que votará rechazo en el plebiscito de salida el próximo cuatro de septiembre.
Lo anterior, justificando su voto pues dice tener "discrepancias insalvables" con la propuesta de la Convención y exhortó "a todos quienes comparten esta posición a comprometerse para cumplir con los objetivos del Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución".
Una decisión que dio a conocer mediante un comunicado público y que aumenta aún más la incertidumbre de que sucederá en pocos meses más, teniendo en cuenta que varios sectores políticos se encuentran divididos. Esto, ya que el voto del ex mandatario se suma al de la senadora Ximena Rincón y Matías Walker, confirmando su rechazo.
Y es que sumado a ello, está también el ex convencional Fuad Chaín, también de la DC, quienes no estarían de acuerdo con este texto constitucional que hoy se le ofrece a los chilenos y chilenas para "cambiar la constitución del 80", pese a que la colectividad resolvió institucionalmente apoyar la opción del Apruebo tras la Junta Nacional del miércoles.
En medio del anuncio tras el comunicado público, señaló que siempre ha sostenido la necesidad de que Chile tenga una nueva Constitución, que sea más democrática, justa e inclusiva, pues en su gobierno envió al parlamento varios proyectos de reforma de la Constitución de 1980, siendo todos rechazados por la oposición.
Aseguró también que al adoptar su decisión ha tenido presente que hay elementos en el trabajo de la convención que son valiosos, como el tránsito hacia un Estado Social y Democrático de derechos, a la ampliación de los derechos sociales y al reconocimiento de los pueblos originarios y la multiculturalidad.
Sin embargo, enfatizó en que tiene discrepancias insalvables sobre varios contenidos de esta propuesta, los que considera, comprometen la paz, el desarrollo y la prosperidad de nuestro país, eso sí, limitándose a profundizar cuatro asuntos principales, siendo el primero, el sistema político que a su juicio, no establece un adecuado equilibrio y división de poderes.
Añadió a aquello, que crea una "Cámara omnipotente y está expuesto a que una mayoría ocasional que controle la presidencia y la Cámara política, pueda avanzar hacia un régimen dictatorial de los que en el mundo están siendo frecuentes", aún cuando el texto optó por mantener el régimen presidencial.
La segunda discrepancia que anunció, hace referencia a que, a su parecer, el texto arriesga que los jueces sean controlados políticamente a través del Consejo de la Justicia, juzgando inadecuada su composición fuertemente política y su enorme cúmulo de facultades, que van desde el nombramiento, pasando por la potestad disciplinaria, la gestión administrativa, la revisión de sus actuaciones, su traslado y remoción.
"Me parece improcedente que los Fiscales Regionales sean elegidos por el Fiscal Nacional a propuesta de las Asambleas Regionales", advirtió.
En un tercer punto, aseguró que "compartiendo la preocupación de la CC por la regionalización, la forma concreta de su propuesta hace que se frustre por una superposición de autonomías, de legislaciones de distinto origen, una plétora de asambleas", comprometiendo según su parecer, el error de no haber puesto el acento en el fortalecimiento de los alcaldes y gobernadores.
Y en un cuarto punto, señaló que la plurinacionalidad en la forma que está propuesta puede ser una amenaza al Estado unitario y a la igualdad de derechos de los habitantes del país. Además, sostuvo que el poder que se entrega a los pueblos originarios para vetar iniciativas administrativas o legislativas, constituye un privilegio que no tiene el resto de la ciudadanía.
Y es que fue precisamente en este marco, que confirmó que votará rechazo, exhortando también a todos quienes comparten esta posición a comprometerse para cumplir con los objetivos del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución de noviembre de 2019, de contar con una Nueva Carta Fundamental.
La narrativa predominante sostiene que "darles más tierras es un privilegio" (47,3%), lo que refuerza percepciones de injusticia y una crítica a la equidad del proceso.
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