El fiscal Anticorrupción Cristian Crisosto logró que las dos actuarias del Juzgado de Policía de Vilcún, que se quedaban con el dinero correspondientes al pago de multas e infracciones que usuarios llegaban a cancelar, reconocieran lo que habían hecho.
La Región30/09/2022
Catalina Sánchez Hidalgo
Las ex funcionarias Haylen Mills y Marjorie Mella admitieron los hechos de la acusación y fueron sentenciadas en un procedimiento abreviado a cumplir penas de 3 y 2 años de presidio, respectivamente. Además de la suspensión de cargo y oficio público mientras dure la condena, como autoras del delito de exacción ilegal, el cual sanciona al empleado público que exige una contribución o un servicio personal no autorizados.
Frente a este caso, el fiscal Anticorrupción Cristián Crisosto explicó que entre los años 2016 y 2018, las condenadas, careciendo de las facultades para ello, exigieron pagos improcedentes de diversas sumas de dinero a particulares que comparecían al Juzgado de Policía Local para pagar multas.
“...estas personas les pagaban a ellas estas multas, lo cual no correspondía, no tenían facultad para pedir ni menos para exigir el pago de esos montos de dinero”, explicó el persecutor de alta complejidad.
De esta forma, en el periodo se apropiaron entre ambas de una suma cerca a los noventa millones de pesos, que venían de las multas y que nunca ingresaron a las arcas municipales. El Tribunal de Garantía de Temuco sustituyó el cumplimiento de la pena privativa de libertad por la remisión condicional, por un lapso equivalente al de la condena, esto es de 3 años para Haylen Mills y de 2 para Marjorie Mella.
Especial importancia tuvo la presentación de testigos que fueron calificados como "no imparciales" por el Tribunal, mientras la causa penal se mantiene suspendida.
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