Fue toda una puesta en escena. El fiscal regional Roberto Garrido, flanqueado por la delegada provincial Andrea Parra (PPD) -hoy imputada- y por el delegado presidencial José Montalva, a su izquierda, en el punto de prensa citado a las 17.00 horas en la Delegación Presidencial, no tuvo otra posibilidad que responder que el gobernador regional Luciano Rivas tenía la calidad de "imputado", luego de estar siendo investigado por la denuncia ingresada en su contra por la diputada Ericka Ñanco (Revolución Democrática).
Por supuesto, el ansiado "empate" no se hizo esperar y en todos los canales se replicó la noticia, donde se calificaba como "imputado" al gobernador regional.
"Cualquier persona en contra de quien se presente una denuncia tiene la calidad de imputado, por disposición de la Ley y obviamente en este caso, al haberse presentado una denuncia en contra de él, él adquiere esa misma calidad", dijo el fiscal regional Roberto Garrido.
El punto de prensa, citado por la Delegación Presidencial inusualmente para ayer miércoles en la tarde, le seguía a la suspensión del que se debía realizar el lunes por la mañana, pero que no se hizo; misma hora a la que la diputada Ericka Ñanco -coincidentemente-realizaba su punto de prensa, a las afueras de la Fiscalía Regional, para denunciar al gobernador regional.
Sin embargo, de otros "notables" imputados no se dijo nada, como por ejemplo de la propia delegada Andrea Parra, quien al igual que Luciano Rivas también está siendo investigada, luego de la denuncia en su contra realizada por el diputado Mauricio Ojeda (Republicanos).
En rigor, el mismo fiscal regional -de acuerdo a sus palabras- también tendría la calidad de imputado, luego de que en agosto de 2022 se interpusiera una querella criminal, por las filtraciones de la carpeta investigativa del caso en contra de Héctor Llaitul, que terminaron con la ministra de Desarrollo Social destituida, en octubre de 2022.
