En rigor, la gobernación rechazó financiar el programa presentado por Rinett Ortiz e incluso la mujer está en prisión por la denuncia hecha por Luciano Rivas.
Luego de una reunión que no se registró por Lobby, entre el fiscal regional Roberto Garrido y el gobernador regional, otro funcionario de la fiscalía intercedió por la fundación Paz Ciudadana.
La máxima autoridad del Ministerio Público en La Araucanía solicitó recursos al gobernador regional Luciano Rivas en 2022, sin registrar la reunión por ley del Lobby.
La senadora Carmen Gloria Aravena dijo que este alevoso crimen no puede quedar impune y que es una obligación del Estado encontrar a los responsables y ponerlos tras las rejas.
La Sociedad Interamericana de Prensa replicó en su boletín diario el rechazo del Colegio de Periodistas a sus críticas al trabajo de mujer periodista de Temuco.
La entidad nacional salió en defensa de la periodista Natalia Nicolás y de los comunicadores de La Araucanía, ante este grave ataque a la libertad de informar.
Además, el persecutor evadió la pregunta realizada por la periodista Mónica Jara, sobre porqué no se le permitió al sociólogo ciego declarar con su abogado y reconoció que en todo el país no existen máquinas Braille para personas no videntes.
Roberto Garrido señaló que se encuentran reuniendo antecedentes que les permitan formular imputaciones concretas y antecedentes además que permitan sostener estas imputaciones.
Se pagó 7 mil millones de pesos por el software que nunca pudo ser utilizado. La "Red de Gestión Penal (RGP)" fue lanzada en Temuco el 14 de septiembre de 2022 por el ex fiscal nacional Jorge Abbott y el fiscal regional Roberto Garrido.
Luciano Rivas se suma así a otras autoridades en la misma situación, como el propio Roberto Garrido, que también tendría la calidad de "imputado" al estar siendo investigado por las filtraciones de la carpeta investigativa de Héctor Llaitul, en agosto de 2022. La delegada Andrea Parra, bajo el mismo criterio, también estaría imputada luego de la denuncia del diputado Mauricio Ojeda.
Se han pagado más de 7.000 millones de pesos por la "Red de Gestión Penal (RGP)", sistema informático inaugurado en Temuco el 14 de septiembre de 2022 por el ex fiscal nacional Jorge Abbott y el fiscal regional Roberto Garrido, a quien sin embargo, pusieron a cargo de investigar las graves irregularidades. Los programas nunca han funcionado y los dineros ya fueron pagados, aumentos de presupuesto (irregulares) incluidos.
El letrado aseguró que en el caso del hombre investigado -y ya condenado en una oportunidad- por delitos de violación o abuso sexual, la fiscalía regional no investigó para encontrar la verdad, sino sólo para comprobar que Pradenas era culpable.
Se acusan además relaciones de parentesco entre funcionarios con dependencia jerárquica y millonarios pagos en viáticos y viajes por el mundo.
Hoy en la mañana amanecieron dos lienzos instalados en las rejas del establecimiento educacional advirtiendo su posible traspaso a gratuito.
Funcionarios informaron que el Instituto de Desarrollo Regional y Local de la Universidad de La Frontera se politizó y llegaron personas que ocupaban cargos de gobierno.
El alcalde Luis Hurilef habría intentado aprobar contrato por $400 millones para los próximos cuatro años, dejando "amarrado" al futuro alcalde de la comuna.
