Equipo AraucaniaDiario
Las distintas aristas de lo que comenzó como el caso Fundaciones no se detiene y al caso Manicure, además de la investigación a universidades de la región, como la Autonoma, Mayor y a la Universidad de La Frontera, hoy se debiera sumar la arista "Fiscalía Regional".
Así es, ya que el 10 de abril de 2023 (fecha corregida) el propio fiscal regional de La Araucanía Roberto Garrido, habría concurrido hasta las oficinas del Gobierno Regional de la región, en busca de recursos para un programa computacional, pero a financiar a través de una fundación, no directamente al Ministerio Público.
En efecto y según declaró ante el fiscal Carlos Cornejo el ex jefe de gabinete de Luciano Rivas, Juan Pablo Leonelli, dentro de sus funciones estaba atender solicitudes, requerimientos y orientar hacia la presentación de proyectos o programas financiables con recursos regionales.
Lo anterior, según reveló hoy el abogado del ex jefe de gabinete, en su audiencia de formalización de la investigación, que ya se extiende por una tercera jornada.
Como un aspecto adicional, la reunión no se registró por ley del Lobby, acción que es requisito llevar a cabo cuando un "gestor de intereses" o lobista se reúne con un funcionario público, más aún si es para solicitarle recursos o su intervención en algún acto administrativo.
Así las cosas, desde el Ministerio Público no se han pronunciado sobre lo sucedido, pese a que está en conocimiento del fiscal de alta complejidad Carlos Cornejo desde marzo de 2024.
Desde la fiscalía regional de La Araucanía negaron lo dicho por el abogado de Juan Pablo Leonelli, manifestando que no era efectivo. "... Es lo que manifiesta la defensa de un imputado (Juan Pablo Leonelli Lepín), eso no es efectivo", informaron.
Y la versión que faltaba era la de la propia Fundación Paz Ciudadana, con quien se comunicó AraucaniaDiario y donde negaron cualquier relación con la fiscalía regional de La Araucanía, actual o pasada.
"Fundación Paz Ciudadana no ha acordado la prestación de ningún tipo de servicio con la Fiscalía Regional de La Araucanía", señalaron a través de un comunicado, explicando además que no se dedican a la venta, por sí o a través de terceros, de software o programas informáticos.
"La fundación es una organización sin fines de lucro con mas de 30 años de trayectoria, en el desarrollo de políticas públicas para prevenir la violencia y el delito. Sus proyectos cuentan con una estricta política de transparencia y alto nivel técnico", agregaron desde Paz Ciudadana.
