
Activista ambiental denuncia amenazas por su rechazo a WTE Araucanía en Lautaro
Alejandra Parra tuvo que interponer una querella criminal tras ser objeto de una campaña de desprestigio en su contra, mediante un video circulado en internet.
Luego de una reunión que no se registró por Lobby, entre el fiscal regional Roberto Garrido y el gobernador regional, otro funcionario de la fiscalía intercedió por la fundación Paz Ciudadana.
La Región29/08/2024El abogado Javier Cornejo, defensor de Juan Pablo Leonelli Lepín, ex comisionado presidencial para la Paz y el Entendimiento, y ex jefe de gabinete del gobernador regional de La Araucanía Luciano Rivas, expuso ayer en su audiencia de formalización por el caso Convenios, arista "Manicure", antecedentes que confirmaron la información que circulaba por los medios de comunicación hace algunos meses: el fiscal regional de La Araucanía Roberto Garrido, también había pedido dinero para una fundación.
Lo anterior salió a ser desmentido de inmediato por la fiscalía regional, dubitando la información entregada por Cornejo, quien relató en la audiencia cómo había sido la coordinación de la reunión -por Juan Pablo Leonelli Lepin- y posteriores acciones para financiar un programa computacional para la fiscalía regional, que sin embargo, se debía pagar a la Fundación Paz Ciudadana. No a la fiscalía regional directamente para que adquiriera el programa computacional, sino a través de esta fundación.
"... Es lo que manifiesta la defensa de un imputado (Juan Pablo Leonelli Lepín), eso no es efectivo", dijeron ayer desde la fiscalía regional de La Araucanía.
Sin embargo, el abogado Javier Cornejo fue más allá y además mostró dos correos electrónicos que se habían enviado los días 19 de abril de 2023 y 12 de mayo de 2023, días antes de que estallara el primer episodio del caso "Convenios". Luego, no hubo más comunicación o al menos no se han mostrado más correos electrónicos.
En el primer correo electrónico, Juan Pablo Leonelli Lepin le escribe al fiscal regional Roberto Garrido: "Estimado fiscal, en correo copio a Carlos Badilla del equipo de Gabinete y a Valentín Caamaño jefe de la división de desarrollo social y humano, quienes serán las contrapartes para la formulación del programa conversado en reunión con el Gobernador".
Luego, en el segundo correo aportado les responde a Leonelli Lepin y a Roberto Garrido, el funcionario de la fiscalía regional Carlos Carvajal Bustos, quien les dice: "Estimado Juan Pablo buenas tardes, acusamos recibo y te informo que durante la semana concretamos una videoconferencia con Paz Ciudadana ...".
"... por lo que estamos en condiciones de tener una reunión de coordinación con ustedes la próxima semana, idealmente presencial, le propongo el jueves o viernes en la tarde puede ser en nuestra Fiscalía o en sus dependencias, no tenemos inconvenientes. También puede ser la semana subsiguiente si su agenda no le permite, en las fechas propuestas", sigue el correo que le responden desde la fiscalía regional a Leonelli Lepín.
El caso Convenios -también conocido como caso Fundaciones- es un escándalo político y un caso de malversación de fondos públicos dado a conocer el 16 de junio de 2023 por un reportaje del medio online Timeline.
En él se hablaba del traspaso directo de fondos públicos a la Fundación Democracia Viva, cuyos integrantes pertenecen a la coalición oficialista del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, principalmente del partido Revolución Democrática.
El reportaje también mostraba que dicha fundación operaba mediante la fragmentación de fondos públicos para evadir la fiscalización de Contraloría General de la República, con propósitos tales como la propaganda y financiamiento de la política, los que son materia de investigación judicial.
De este caso inicial se fueron develando distintas relaciones entre fundaciones y gobiernos regionales, que en La Araucanía derivan hasta el momento en la arista Manicure y el caso de la Fundación Local, más otras investigaciones abiertas que incluyen recursos traspasados a la Universidad Autónoma, Universidad Mayor y Universidad de La Frontera.
Alejandra Parra tuvo que interponer una querella criminal tras ser objeto de una campaña de desprestigio en su contra, mediante un video circulado en internet.
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