El abogado Rodrigo Chávez quedó sólo con arresto domiciliario parcial nocturno, a la espera de la investigación por más de $3 mil millones en dinero y bienes.
La Región10/01/2026
Equipo AraucaniaDiario
El funcionario del Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Temuco, Rodrigo Chávez, solicitó, a través de su defensa, la rebaja de la medida cautelar de arresto domiciliario total que le afecta, tras haber sido formalizado e imputado por el delito de lavado de activos, en el marco de la investigación de la denominada "Operación Imperio".
La jueza de Garantía de Temuco, Marcia Castillo, acogió la petición de su defensa, dejándolo sólo con arresto domiciliario parcial nocturno.
Chávez fue imputado tras demostrarse que había funcionado como testaferro o "palo blanco" de los empresarios, inscribiendo a su nombre una aeronave incautada por la Policía de Investigaciones (PDI).
Por otra parte, a magistrada rechazó igual solicitud a favor del empresario José Alvo, imputado también en la investigación por lavado de activos, ratificando la medida cautelar de arresto domiciliario total que cumple desde hace algunos meses, tras ser formalizado junto a otras cuarenta personas.
La intención de la defensa de José Alvo, era rebajar la cautelar de arresto domiciliario total a parcial, a lo que se opuso el fiscal Enrique Vásquez, por cuanto aún quedan diversas diligencias por realizar.
En la Operación Imperio, personal de la PDI y el Ministerio Público detuvieron a más de 40 personas por delitos de lavado de activos y otros ilícitos económicos, logrando incautar más de 3 mil millones de pesos en bienes muebles e inmuebles.
Hasta la fecha más de 20 imputados en esta causa han aceptado hechos de la carpeta de investigación y han accedido a juicios abreviados, cuyas penas, que no superan los 5 años de presidio, están siendo cumplidas en libertad vigilada.
Respecto de su identidad, esta no ha sido confirmada por el Ministerio Público ni por el juzgado de garantía, pese a que las sentencias ya se encuentran firmes y ejecutoriadas, requisito que exigió en su momento la magistrada a cargo, para transparentar estos nombres. Se trata de personas naturales cómplices en la comisión de estos delitos, cuyas identidades no se encuentran afectas a ninguna reserva legal.
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