Equipo AraucaniaDiario
Extrañeza causó la peculiar comparecencia de un fiscal del Ministerio Público, en la audiencia solicitada por la defensa de la abogada de Derechos Humanos Karina Riquelme, en el Juzgado de Garantía de Valdivia, para recibir información oficial sobre la investigación del Ministerio Público, por la supuesta infracción al secreto de causa reservada, vinculada a su representación jurídica de la familia de Julia Chuñil Catricura, mujer mapuche desaparecida en noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, región de Los Ríos.
En la instancia, la fiscalía de Los Ríos confirmó que la defensora de Derechos Humanos no está siendo investigada en esta arista. Sin embargo, el Ministerio Público mantiene el proceso para determinar la trazabilidad del acceso, divulgación y difusión pública del documento judicial filtrado de la causa bajo reserva legal. Previo a la audiencia, la defensa había señalado que existían dificultades para acceder a los antecedentes que sustentan la investigación, situación que, a su juicio, afectaba el ejercicio del derecho a defensa.
El abogado Rodrigo Pizarro Rosales, señaló que la fiscalía regional dispuso medidas de seguridad para el fiscal adjunto que compareció en la audiencia, permitiéndosele mantener la reserva de su identidad y comparecer a través de modalidad telemática, con la imagen "apagada".
“Este punto nos causa especial curiosidad, por qué razón la fiscalía decide mantener oculto al fiscal interviniente en la causa si la abogada defensora de derechos humanos, Karina Riquelme no está siendo investigada, como ellos mismos confirmaron", dijo el abogado.
"Además, la fiscalía había solicitado que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y observadores internacionales de derechos humanos no presenciaran la audiencia, sin embargo el juez a cargo rechazó esta petición”, enfatizó Pizarro.
La apertura de esta investigación y la posible imputación de la abogada había generado preocupación entre académicos y organizaciones internacionales dedicadas a la protección de personas defensoras de derechos humanos, quienes han advertido que este tipo de actuaciones puede afectar el libre ejercicio de la profesión y producir un efecto inhibitorio en abogados que intervienen en causas de alto interés público.
Organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han señalado que esta figura vulnera el derecho al debido proceso y a un juez imparcial, al impedir que la defensa conozca la idoneidad o posibles inhabilidades de quien juzga o acusa.
