Le tocó el turno al Poder Judicial

La incautación del celular al ex ministro de las cortes de apelaciones de Santiago y Copiapó, Juan Poblete, abrió una caja de pandora. Las prácticas basadas en la “amistocracia”, una manera elegante de referirse al tráfico de influencias, son un secreto a voces en un ambiente hermético con altos grados de opacidad.

La publicación de CIPER con algunos de los diálogos entre el exjuez y otras autoridades que pretendieron influir en los procesos de nombramientos, ha tenido un impacto en la opinión pública y en las instituciones y tendrá insospechadas consecuencias. La primera es que la Corte Suprema decidió instalar una mesa de trabajo para reformar el procedimiento por el cual se nombra a los jueces y esperarán contar con más antecedentes antes de analizar las denuncias que involucran a varios de sus miembros.

La segunda consecuencia dice relación con un nuevo cuestionamiento a las instituciones del Estado, porque la confianza en ellas es fundamental para el funcionamiento y la estabilidad de toda sociedad. Estado de derecho e instituciones merecedoras de confianza son determinantes para una democracia sana y estimulante.

Según el Estudio Confianza institucional en Chile: un desafío para el desarrollo de Ignacio Irarrázaval y Florencia Cruz, la confianza en todas las instituciones, en la serie de los años 2003 al 2023, se encuentra igual o bajo 4 en una escala de 1 a 10, con excepción del año 2009 que se ubica en torno al 4,3.

En la Investigación en Contexto Escolar Sobre las Violencias de Género realizada por Fundación Semilla, encontramos que el 52,5% del estudiantado de enseñanza media piensa que los mecanismos para resolver problemas de convivencia en los establecimientos no son efectivos y nada más que el 7,5% de quienes se han sentido discriminados recurren a algún docente directivo o encargada de convivencia. 

Con esta experiencia en contextos educativos claramente las juventudes entran en la adultez con una desconfianza adquirida difícil de revertir, más aún cuando comienzan a hacerse públicas las malas prácticas, eventualmente constitutivas de delito, en el sistema de justicia. 

Para asegurar la integridad de las decisiones institucionales, sean éstas en una escuela, un liceo, la Corte Suprema, el gobierno, el Congreso, el Ministerio Público o una municipalidad, la apertura y la disponibilidad de información clara y accesible es determinante. La falta de transparencia va de la mano con la desconfianza. Es también imprescindible la participación activa y el contrapeso de poder. Cuando este contrapeso se debilita por relaciones de amistad, política, familiares o de intereses particulares se entra en espiral de deterioro y desconfianza muy difícil de recuperar.

Hoy le tocó el turno al Poder Judicial ser cuestionado. Afortunadamente la sociedad chilena aún no pierde la capacidad de asombro y reacción ante esta triste realidad. Esperemos que la desconfianza adquirida pueda ser revertida con mejor calidad de nuestras instituciones.

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