
Ex director de finanzas demanda a la UFRO por casi $190 millones
El funcionario presentó una acción de tutela laboral, luego de ser desvinculado de la universidad, tras una serie de decisiones que la llevaron a una crisis financiera.
La discusión no estuvo exenta de polémicas respecto al origen "corrupto" de la llamada ley Longueira, según señalaron los dirigentes de los pescadores.
03/11/2024Pescadores artesanales de todo el país llegaron en masa a las afueras del Congreso Nacional con mucho ánimo y esperanza en este parlamento.
Hernán Cortés, vocero de la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal y presidente de CONDEPP, manifestó estar satisfecho con la aprobación de este proyecto de ley. “Queremos destacar a todas las agrupaciones de Pescadores Artesanales a lo largo de todo Chile, que se han hecho presentes este día: CONDEPP y FENASPAR Chile, Caleta Portales, Corporación Mujeres de la Pesca Artesanal, Chiloé, desde la 7ma Región, Puerto Montt, Queule, Coquimbo, Arica, Caleta Lo Rojas A.G., Lebu, Magallanes y tantas y tantos otros", dijo.
Marco Bello, vocero de CONDEPP, agregó: “dado que ahora el proyecto pasará al senado, exhortamos a los senadores a votar en consecuencia, por una pesca chilena justa y que repare el daño que causó la ley de pesca corrupta vigente”.
Asimismo, Hernán Machuca, vocero de la Alianza manifestó que otro paso importante pendiente es que la comisión de constitución del Senado vote la nulidad de la ley de pesca. "Lo que sería una señal potente de apoyo a la pesca artesanal y de rechazo a la corrupción que le dio origen a la ley Longueira”, pntualizó.
Cortés finalizó señalando: "En nombre de la pesca artesanal de Chile agradecemos al gobierno del Presidente Boric, al ministro Grau y al subsecretario Salas como también a los diputados y diputadas que aprobaron esta ley que hace justicia en el despojo que sufrimos con la actual ley de pesca”.
El funcionario presentó una acción de tutela laboral, luego de ser desvinculado de la universidad, tras una serie de decisiones que la llevaron a una crisis financiera.
En la ocasión, Cristian Mallol Comandari, recibió tan sólo una amonestación y pudo continuar haciendo clases. Dos estudiantes habrían quedado con estrés post traumático.
La decisión la adoptó la contralora general Dorothy Pérez, por motivos propios del servicio, pasando a desarrollar otras funciones dentro de la institución.
Por norma los juicios laborales son públicos, pero en el caso de las demandas contra la universidad de la Frontera, el tribunal accedió a mantenerlas en secreto.
La mujer mantenía material para ser comprado en la plataforma para adultos Arsmate y fue bajado y difundido entre sus compañeros de trabajo.