Equipo AraucaniaDiario S
Los propietarios del extinto local nocturno Bora Bora interpusieron una millonaria demanda de indemnización de perjuicios, por falta de servicio, contra la Ilustre Municipalidad de Villarrica, acusando un actuar negligente y arbitrario por parte del concejo municipal, que se negó a renovar la patente del establecimiento sin justificación legal.
Según la demanda, la decisión afectó gravemente el desarrollo del negocio, lo que derivó en pérdidas económicas significativas y el posterior cierre del local.
De acuerdo a lo informado por los demandantes, los hechos en cuestión tuvieron lugar el 22 de enero de 2024, cuando el concejo municipal votó para renovar la patente de alcoholes de local Bora Bora. Con dos votos en contra del alcalde Germán Vergara y la concejala Katalina Gudenschwagger, y dos abstenciones de los concejales Víctor Durán y Hermes Medina (UDI), la moción no alcanzó el quórum necesario de cuatro votos para su aprobación.
Los concejales Beltrán (PPD), Landini (PC) y Sergio Mora (RN) votaron a favor, lo que resultó en el rechazo de la renovación de la patente. A raíz de esta resolución, los propietarios interpusieron un recurso de protección, el cual fue acogido por la Ilustrísima Corte de Apelaciones, argumentando que la decisión fue arbitraria e ilegal, violando los artículos 6° y 7° de la Constitución chilena y las leyes orgánicas aplicables, en especial la Ley de Alcoholes.
Durante la sesión de concejo, el concejal comunista advirtió explícitamente que la votación contravendría los procesos establecidos por la ley, una observación que no fue tomada en cuenta por los concejales que votaron en contra y se abstuvieron. Según los demandantes, esta decisión respondió a percepciones subjetivas y discriminatorias hacia su local, sin considerar un trato justo en comparación con otros negocios similares de la comuna.
Además, los propietarios de la microempresa familiar señalan que la negativa de renovar la patente coincidió con la temporada alta de verano, lo que ocasionó pérdidas de empleos y económicas sustanciales para el negocio y contribuyó a su insolvencia financiera.
En este contexto, los demandantes afirman que la actuación municipal fue parte de una persecución política bajo la administración del ex alcalde Germán Vergara y su administrador municipal Raúl Jara (UDI), pronto a ser desvinculado del municipio.
En caso de prosperar la demanda, los concejales que rechazaron o se abstuvieron de renovar la patente podrían enfrentar eventualmente responsabilidades políticas y civiles.
"Según la ley, el incumplimiento de las funciones inherentes a su cargo podría derivar en una responsabilidad política por notable abandono de deberes, al no pronunciarse sobre los asuntos sometidos a su consideración. Esta responsabilidad también podría extenderse a la esfera civil, dado que los concejales y el exalcalde podrían ser considerados responsables de los daños patrimoniales ocasionados a la municipalidad, lo que ante un juicio de cuentas en contraloría podría obligarlos a indemnizar con su propio patrimonio", manifestaron los demandantes.
