Equipo AraucaniaDiario
El gendarme detenido durante la jornada de este viernes por lavado de activos, tráfico de drogas y por el ingreso ilegal de celulares a la cárcel de Victoria, quedó en prisión preventiva, luego de ser formalizado en el Juzgado de Garantía. Su pareja también fue detenida, quedando con medidas cautelares de menor intensidad.
De acuerdo a lo informado por el fiscal de Lautaro Miguel Ángel Velásquez, el cabo primero de la institución ingresaba al recinto penal teléfonos y drogas, previo pago de sumas que iban entre los 250 mil a 500 mil pesos.
“Fue formalizado él por los delitos de lavado de activos, cohecho agravado reiterado, microtráfico de drogas e ingreso de elementos electrónico a las unidades penales. Y ella, su cónyuge, que es asistente de la educación, fue formalizada por la figura del lavado de activos”, dijo Velásquez, agregando que a la mujer se le levantó el secreto bancario.
“Detectamos que el imputado recibía pagos que ascendían, a lo menos, por vía de transferencia, a 8 millones 300 mil pesos; 31 transferencias que recibe la cónyuge de este imputado y que, en definitiva, provienen de la venta de drogas y de teléfonos móviles al interior del recinto penitenciario”, agregó el fiscal de Lautaro.
Según explicó el fiscal Velásquez, el modus operandi del gendarme era pasar durante la noche por los dormitorios y hacer señales con una linterna, cuando se encontraba de guardia de servicio interno.
“Decía ‘llegó la vaquita’. Ese era el término que tenía, y ahí salían los privados de libertad, le entregaban el dinero y él, a su vez, entregaba las especies prohibidas, ya sea droga o teléfono”, relató el fiscal Velásquez.
“Tenemos varias grabaciones de seguridad que lo muestran precisamente en estas funciones. También existen varias declaraciones que dan cuenta que, inclusive, hasta ocultaba bajo las mesas cajetillas de cigarro vacías con droga”, añadió el persecutor.
“Los internos que trabajaban como mozos las retiraban y las ingresaban al interior de la unidad penal”, relató además Velásquez.
Se fijó un plazo de investigación de 6 meses y la fiscalía estudia apelar la medida cautelar aplicada a la cónyuge del gendarme.
