Equipo AraucaniaDiario
Como Valeska Martínez Carvallo fue identificada la profesora en contra de quien se presentó una querella criminal, por los delitos de uso malicioso de instrumento privado falso, presentación de prueba falsa en juicio y estafa procesal.
Lo anterior luego de que la mujer presentara un anexo de contrato de trabajo presuntamente falso y registros audiovisuales de libros de clases, donde figuraba realizando funciones que no habría llevado a cabo, todo para ganar un juicio laboral que interpuso la profesora luego de autodespedirse, en contra de su exempleador "Entidad Individual Educacional Inclusiva Educativa E.I.E.", representada legalmente por Luis Alberto Núñez Lobos. De esta forma habría logrado engañar al tribunal laboral de Temuco y obtenido $50 millones de indemnización, de subvenciones fiscales.
Por lo mismo, padres, apoderados y otros profesores de la comunidad educativa recurrieron a la justicia penal y presentaron la querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Temuco, luego de que estos recursos fueran embargados y retirados por la docente demandante.
La acción penal apunta a determinar si antecedentes presuntamente falsificados o alterados fueron utilizados dentro del proceso judicial y si estos tuvieron incidencia en la obtención de recursos públicos destinados a la educación.
"Aquí no estamos frente a un simple conflicto laboral. Lo que estamos denunciando es que se habría utilizado la justicia laboral para terminar afectando recursos públicos que la ley destina exclusivamente a la educación", dijo el abogado querellante Juan Pablo Jaramillo.
"Son fondos que deben financiar el funcionamiento del establecimiento, los materiales de nuestros estudiantes y las remuneraciones de los profesores. Si alguien obtiene esos recursos mediante antecedentes falsos, estamos frente a una situación que debe ser investigada con toda la profundidad y rigor que corresponde", agregó el abogado.
El abogado agregó que la acción penal busca establecer cómo se generaron, presentaron y utilizaron los antecedentes cuestionados dentro del proceso judicial.
"Nuestra obligación es defender los recursos destinados a los niños y niñas y buscar que estos fondos sean restituidos. La investigación penal tendra que determinar las responsabilidades, pero existen antecedentes suficientemente graves como para que la justicia investigue cómo se generó, presentó y utilizó esta evidencia dentro del proceso judicial", manifestó Jaramillo.
