Equipo AraucaniaDiario
Miembros de la organización observadora de Derechos Humanos Global Witness y de la fundación Escazú Ahora, fueron impedidos de ingresar a una audiencia pública, en el juzgado de Garantía de Los Lagos, en causa rit O-1849-2024 / ruc 2401369250-1, donde la abogada Karina Riquelme, en representación de los nietos de la mujer mapuche Julia Chuñil, pedían de vuelta la casa que al desaparecida mujer construyó para ellos.
El domicilio, ubicado en el sector rural Huichaco de la comuna de Máfil, en la región de Los Ríos, se encuentra en poder de la fiscalía, sin que por meses se hayan desarrollado diligencias en el lugar, pero siendo retenida bajo el argumento de que se encuentra pendiente el peritaje sobre las osamentas levantadas en enero, donde ha trascendido que se trataría de huesos de animales y de un resto que podrÍa contener ADN humano, sin que corresponda a la mujer desaparecida.
Karina Riquelme informó que a pesar de admitir la existencia de perjuicios sobre los moradores y niños de la vivienda, el tribunal desestimó la Cautela de Garantías alegando la inexistencia de "afectaciones procesales".
Y es que han pasado más de 8 meses desde que prácticamente destruyeran la propiedad, excavando con maquinaria pesada y buscando en cada rincón del predio sin éxito.
"Las únicas diligencias que la Fiscalía invocó como pendientes son exactamente las mismas pericias de laboratorio que se arrastran desde el 16 de enero de 2026, fecha en que fueron fijados y levantados los restos óseos", dijo la abogada penalista.
"Las restantes actuaciones corresponden a meras reconfiguraciones teóricas y reconstrucciones de la hipótesis fiscal de gabinete. Resulta desproporcionado e injustificado mantener clausurado un hogar habitacional completo para "esperar" resultados de análisis genéticos o criminodinámicos que se ejecutan en laboratorios fuera de la región", agregó.
El predio y principalmente la casa que se encuentra allí construida, fue el legado que dejó Julia Chuñil para sus nietos, quienes hasta el momento no han podido hacer uso de la propiedad, la que —alegan sus hijos— se está destruyendo a medida que pasa el tiempo, "provocando el progresivo deterioro de la infraestructura por abandono y el desalojo forzado de sus residentes", acotó Karina Riquelme.
Durante su resolución verbal, el Juez de Garantía reconoció y compartió expresamente que existen afectaciones reales sobre la familia. Sin embargo, se negó a ordenar la entrega del inmueble sosteniendo un criterio estrictamente formalista: argumentó que dichas consecuencias no constituían "afectaciones a los derechos procesales de los imputados" ni se había acreditado en la audiencia un "grave desamparo" de los niños de acuerdo con el artículo 10 del Código Procesal Penal.
Para Riquelme, esta decisión omite la doctrina de derechos humanos que faculta al Juez de Garantía a tutelar las garantías fundamentales de terceros afectados por la persecución penal, en especial cuando se trata de la vivienda y la estabilidad de niños y niñas.
"Resulta desproporcionado e injustificado mantener clausurado un hogar habitacional completo para "esperar" resultados de análisis genéticos o criminodinámicos que se ejecutan en laboratorios fuera de la región", finalizó la abogada Karina Riquelme.
