Equipo AraucaniaDiario
Al cumplimiento de dos penas que suman 602 días de presidio, además del pago de multas por 33 UTM y la suspensión para ejercer cargos públicos por el tiempo que duren las condenas, fue sentenciada este martes la concejala de Angol Bernarda Del Pilar Valenzuela Aburto (PR), por delitos de apropiación indebida y estafa por montos cercanos a los 20 millones de pesos que afectaron a integrantes de 4 comités de vivienda de la comuna.
La imputada fue condena en un procedimiento abreviado en el que admitió los hechos contenidos en la acusación de la Fiscalía.
Esto es que entre 2012 y 2018 brindó asesoría informal a los comités habitacionales Renacer y Quelentaro, sin tener la calidad de Entidad Patrocinante conforme a la normativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Dicha función le permitió con el paso del tiempo hacerse de la confianza de la junta directiva y socios, quienes le permitieron administrar y custodiar los dineros que la propia imputada les pedía para la postulación y obtención de subsidios habitacionales, como cuotas de ingreso al comité, gastos en corredor de propiedades, terreno, o gestiones ante el Conservador de Bienes Raíces, o mensualidades.
La investigación de la Fiscalía determinó que entre abril de 2016 y diciembre de 2017 se apropió de $15.693.800. En 2018, frente a una serie de irregularidades los directivos de los comités le solicitaron la restitución de los montos custodiados y administrados por la imputada, lo cual nunca ocurrió.
Por este hecho, calificado como apropiación indebida de dineros, fue condenada a 541 días de presidio, multa de 21 UTM y suspensión e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el tiempo de la condena.
Además, durante el año 2016 la imputada asesoró a los Comités Wiji Mapu y Los Poetas de Chile, logrando con engaños que 21 de sus socios le entregaran $4.827.000 por conceptos que no tenían ningún tipo de justificación o razonabilidad para la postulación o adjudicación de subsidios habitacionales.
Por esto último fue condenada por estafa residual a la pena de 61 días, además de multa de 11 UTM y suspensión e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el tiempo de la condena.
