Los imputados, que viven la comunidad José María Toro de Lautaro, cosecharon 44 hectáreas de trigo avaluadas en $93 millones en un predio que ocuparon ilegalmente. Además, exigieron el pago de $5 millones y retuvieron contra su voluntad al conductor de un camión por más de dos horas.

La dueña del predio dio aviso a Carabineros que su siembra estaba siendo cosechada por desconocidos, quien detuvo a 8 personas que participaban del hurto, reteniendo dos cosechadoras y los vehículos en los que pretendían sacar el grano. Insólitamente, el lonco Víctor Queipul de la comunidad Autónoma de Temucuicui, llegó a reclamar que el predio es "controlado" hace 8 años por su gente, exigiendo la devolución del grano que estaba siendo sustraído.