La edil deberá pagar millonarias indemnizaciones, además de implementar acciones que permitan enmendar el daño a la reputación de la funcionaria denunciante.
La investigación administrativa instruida por la CGR arrojó la improcedencia de medidas sancionatorias contra los profesionales Jefferson Adaro e Iván Soriano.
Los hechos ocurrieron en el Complejo Educacional Dario Salas de Carahue, del SLEP Costa Araucanía, donde el menor habría amenazado también a sus compañeros.