El cargo de fiscal regional es una posición muy apetecida en el Ministerio Público, donde más allá de la abultada remuneración mensual que recibe el abogado a cargo de todas las causas penales de la región, que llega a los $7.257.514 y que incluye $382.945 para gastos de representación, asignación de casa y en La Araucanía, una zona de un 30%; tiene como prerrogativa especial ser el titular del ejercicio de la acción penal en la región, es decir, él decidirá a quién se investiga o no en La Araucanía por los próximos 8 años, que es lo que dura el cargo.

Lo anterior algo muy relevante, si consideramos que el saliente fiscal regional Cristian Paredes ha sido muy cuestionado por casos como el de la Operación Huracán o el crimen de la universitaria estadounidense Erica Hagan, además del fracasado operativo en Temucuicui, donde fue asesinado el subinspector de la PDI Luis Morales.

En el primer caso fue el Estado, a través de sus policías y bajo la dirección de la investigación por parte de la fiscalía regional, el que se organizó para sembrar pruebas falsas y así intentar condenar a 8 comuneros mapuche por crímenes que no cometieron. Entre ellos Héctor Llaitul, su hijo y Jorge Huenchullán, quienes incluso fueron detenidos y puestos en prisión preventiva.

"... hay una serie de fiscales de la Araucanía involucrados, que como no se ha investigado y no se va a investigar no sabemos quienes más, pero lo concreto es que hay dos sumamente complicados y ni siquiera han sido formalizados. Hay dos fiscales de La Araucanía que debieran estar formalizados", dijo al respecto la abogada Marisa Navarrete.

De igual manera, en el caso de la estudiante Erica Hagan, las desiciones del fiscal regional fueron más allá y se sobreseyó a petición de la propia fiscalía, a quienes podrían estar envueltos en el crimen de la universitaria estadounidense. Por lo mismo, fuentes de AraucaniaDiario confirmaron que se buscará que quien asuma como fiscal regional, haga las cosas de otra forma, ya que "con los mismos no se va a lograr nada distinto".

Sin embargo, no deja de preocupar además la relación entre dinero y la concentración de poder que se pueda dar.

Precandidatos

De acuerdo a lo informado a AraucaniaDiario, uno de los más interesados en el cargo sería el "delfín" del ex fiscal Paredes, el fiscal adjunto Roberto Garrido Bedwell, quien además de haber participado en la "Operación Huracán" y en el Caso Hagan, sería del círculo de confianza del ex fiscal regional. De hecho, habría sido Garrido quien le solicitó a la jueza de garantía la autorización para detener a los comuneros mapuche, en base a las pruebas que resultaron ser falsas en la Operación Huracán.

Garrido está a cargo de la unidad de Derechos Humanos y es grado 5, por lo que su renta asciende a $5.961.938, más zona de un 30% y asignaciones, la que complementa con su esposa, quien es jueza presidenta del Juzgado de Familia de Temuco, cuya remuneración asciende a $8.146.609.

El fiscal Roberto Garrido, quien en un comienzo fue colocado como vocero de la fiscalía por Paredes, fue quien además tuvo a cargo el caso por el asesinato de Camilo Catrillanca, aunque también se recuerdan de él en la fiscalía por haber dado un beneficio muy particular, en este caso al hermano de otro posible candidato a la fiscalía regional.

Diego Bizama

Diego Bizama Tiznado es otro de los posibles candidatos al cargo de fiscal regional, o al menos podría postular para así quedar en la terna. Con $5.961.938 mensuales, más una zona de un 30% e incentivos de desempeño, es el jefe de la Unidad Regional de Victimas y Testigos de la Fiscalía Regional de La Araucanía. Complementa su renta con su esposa, también abogado, quien se desempeña en el Servicio de Impuestos Internos, con una remuneración de $3.949.246 mensual según el portal de transparencia.

Su hermano, fue el ex fiscal nacional de la Conadi en el segundo gobierno de la presidenta Michele Bachelet Joaquín Bizama, quien mientras estaba en el cargo y según informó Radio Biobío, fue detenido manejando en estado de ebriedad, pero recibió el beneficio de suspensión condicional del procedimiento de parte del fiscal Roberto Garrido, donde se determinó que entregara su licencia de conducir, realizara una donación de 1 UTM a una institución sin fines de lucro y firmara cada dos meses en el Ministerio Público. Hoy se desempeña como director regional del INDH en la región de Aysén, con una remuneración bruta de $4.806.005 mensuales, más asignaciones que no se detallan en transparencia.

Pero la ligazón de Diego Bizama con el mundo público y político es más extensa, ya que su otro hermano Alejandro Bizama, es concejal por Temuco (independiente Nueva Mayoría), donde cobra una dieta cercana a los $800.000; lo que complementa con su sueldo como director administrativo en la Defensoría Regional, con una remuneración bruta según transparencia de $6.949.397. El concejal Bizama va a la reelección.

Otro de sus Hermanos, Mario Bizama, hoy trabaja en el sector privado luego de haber sido seremi de Energía del último Gobierno de Bachelet en la región de Los Lagos. En total, la familia Bizama cobra del Estado un total aproximado de $22.466.586 cada mes.

Otros postulantes

Adicionalmente podrían estar postulando al cargo los fiscales Cristian Vouliemme y César Schibar, aunque no se descarta que también se presente el actual fiscal regional suplente Alberto Chiffelle; todos también de confianza del ex fiscal regional Cristian Paredes.

El procedimiento para elegir a la máxima autoridad del Ministerio Público en la región implica una audiencia pública con todos los postulantes, luego de la cual la Corte de Apelaciones de Temuco confeccionará una terna de la que el fiscal nacional Jorge Abbott, designará al nuevo fiscal regional.