59 constituyentes, entre los que destacan varios representantes de la región, exigieron a la Segpres garantías para la instalación de la Convención, la cual se realizará este domingo 4 de julio en el Palacio Pereira, en Santiago. Entre los principales puntos, destaca el Proyecto de Ley de Indulto General para los presos del estallido social y el retiro de todas las querellas interpuestas que invocan la Ley de Seguridad Interior del Estado.

La constituyente por el Distrito 23, Manuela Royo, afirmó: “Es indispensable, tanto para la correcta instalación de la Convención Constitucional como para la señal de unidad y respeto que debemos tener como país, que los órganos del poder constituido ofrezcan garantías democráticas y de equidad entre los pueblos y naciones de Chile, como la libertad a las y los presos políticos de la revuelta y la desmilitarización del Wallmapu”.

La declaración también advierte sobre la necesidad de retirar todas las querellas interpuestas que invocan la Ley de Seguridad Interior del Estado, como un imperativo moral y ético para el proceso de transformación institucional y la anulación de la medida que aumenta el presupuesto para la represión en el Wallmapu.

Como último punto, la necesidad de catastrar a todas las personas presos y presas políticas de la revuelta social, privados de libertad y/o con procesos en curso y de todas las víctimas de la represión estatal. 

Finalmente, en la misiva, los 59 constituyentes evidencian la imposibilidad de establecer un diálogo con los representantes del poder constituido si “no demuestran respeto a la dignidad”, relevando además la necesidad de superar la lógica de división y ser capaces de establecer un clima de reencuentro y diálogo, pidiendo una actitud de Estado, en la que se pueda confiar para que no se repitan los horrores que nos dividen y que no deben volver a ocurrir en el país.