Durante una sesión que se extendió todo el día, los constituyentes de la Convención Constitucional aprobaron por una mayoría de 105 votos a favor, contra 34 votos y 10 abstenciones, emitir una declaración sobre los detenidos por participar en hechos de violencia a contar del llamado "Estallido Social" del 18 de octubre, la desmilitarización de La Araucanía (llamado por ellos el Wallmapu) y hacer extensivo un indulto a los "presos de la revuelta", a quienes ellos denominan los "presos políticos mapuche", por delitos cometidos desde el año 2001 en adelante.

"La Convención, sin pretender interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes que, claramente, contravienen el espíritu que guía su trabajo: asentar un camino de paz y justicia social para todas y todos los habitantes de nuestra comunidad política", dice la declaración.

"Hoy resulta fundamental para un proceso democrático y una verdadera paz social para los pueblos, que los órganos del poder constituido allanen los caminos ofreciendo garantías democráticas y de equidad para que el proceso histórico que atravesamos funcione adecuadamente y sea reconocido como legítimo por los pueblos y naciones de Chile", agregan los constituyentes.

En relación a los hechos de violencia que asolan las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos, los qu elos constituyentes denominan el "Wallmapu", manifestaron la necesidad de que el Gobierno "desmilitarice" de manera inmediata la zona, además de anular la medida que aumenta el presupuesto "para la represión del territorio mapuche".

Sin embargo, lo que llamó más la atención es que el indulto que se pide para los llamados "presos de la revuelta", se aplique también para quienes denominan como "presos políticos mapuche", por delitos cometidos a contar de 2001. Así, por ejemplo, incluso el machi Celestino Córdova podría salir en libertad.

"Que el indulto, en el caso de las Regiones del Bio Bio, Araucanía, Los Lagos y Los Ríos sea aplicable desde el año 2001 para los presos políticos mapuche", señala el texto.

Adicionalmente, en el escrito se exige que se disponga: "la aplicación directa y obligatoria del Convenio 169 en lo relativo al conocimiento de situaciones calificadas de delitos y que constituyan ejercicio de derechos territoriales, culturales, y políticos y a la aplicación preferente y obligatoria de penas distintas a la privación de libertad". 

Estallido social

"Respecto del Proyecto de Ley de Indulto General en la Comisión de Constitución del Senado, su tramitación con la máxima celeridad" y "al Poder Ejecutivo dar suma urgencia" a la misma iniciativa, y al Proyecto de Ley de Reparación a Víctimas de DD.HH. Asimismo, reclama el retiro de todas las querellas interpuestas que invocan la Ley de Seguridad del Estado.

"Miles de personas fueron detenidas y sometidas a condiciones ilegales, acusadas de manera injusta, arbitraria e inhumana, mientras que otro gran número nunca tuvo un debido proceso ni la aplicación de la presunción de inocencia", añade el texto aprobado por mayoría, junto con recalcar que a casi un año y medio de los hechos, aún no hay juicio para ellos.

Finalmente señalaron: "Nos comprometemos a crear en la Nueva Constitución los mecanismos pertinentes y necesarios para que no se vulneren nuevamente los Derechos Humanos de todas y todos los pueblos y una garantía de no repetición de los hechos".