Son las 16 horas del viernes de abril y puntualmente llega el superintendente de Educación en La Araucanía, Oscar Villar, a reunirse con una treintena de sostenedores de escuelas rurales, todos parte de los 80 sostenedores que forman la Asociación de Sostenedores Mapuche de Chile. Cuentan sus inicios a partir de 2014, cuando en noviembre de ese año comienza una pelea por cambiar los artículos de la ley de Inclusión y así evitar el cierre de sus escuelas a causa de esta nueva legislación.

Tiempo ha pasado, dice Rosendo Morales Cayuleo, presidente de la asociación y cuenta que lograron modificar esa ley, aunque no todo lo que se necesitaba y hoy se enfrentan tanto a una gran discriminación, como a grandes desafíos para mantener sus pequeñas escuelas abiertas. "Los recursos con los que cuenta un sostenedor rural, en su mayoría profesores, son insuficientes y además, vemos como discriminan a nuestros niños día a día con el sistema municipal", dice el presidente de Asoma y es verdad. En promedio el sector municipal o el nuevo Servicio Local de Educación Pública, recibe un 30% más de recursos para educar los mismos niños.

"Los niños que educamos son los mismos que van al sistema municipal. Son tan pobres unos y otros, pero el Estado hace una diferencia y a las escuelas municipales les entrega mucho más recursos. Eso es una discriminación que no sólo nos afecta a nosotros, afecta directamente a los niños vulnerables que atendemos y a sus familias", cuenta el director de la escuela Patria Nueva y presidente de Asoma.

La reunión

En la actividad, que se llevó a cabo en dependencias del Instituto de Cultura Británica de Temuco, los sostenedores mapuche plantearon los problemas que sufren cada día, principalmente con las fiscalizaciones de la Superintendencia y con sus funcionarios.

"Le dijimos al superintendente que no puede ser que distintos funcionarios tengan distintos criterios al momento de fiscalizar, por que eso es lo que nos pasa, a veces un fiscalizador pide una cosa y a la visita siguiente, cambian de parecer y exigen otras totalmente distintas", cuenta Eduardo Curin, tesorero de la asociación. 

Para Oscar Villar el tema es complejo y han estado trabajando en uniformar a todos los fiscalizadores. Cuenta además que desde que asumió el nuevo gobierno, han adoptado la función de fiscalizar como una ayuda al sostenedor, buscando que su gestión sea lo mejor posible, para así beneficiar a los niños que son el objeto de su trabajo. "Desde que yo asumí hemos puesto énfasis en acompañar al sostenedor, tanto particular como municipal, para que en lugar de que nuestras visitas sean para sancionar, lo que se realice sean un acompañamiento para trabajar mejor", dice el superintendente de Educación. 

Ya bien entrado abril, cuentan los sostenedores que la discriminación por parte de los organismos públicos continúa, ya que por ejemplo, la propia Junaeb no estaría entregando todos los útiles escolares que correspondía, dejando a cientos de niños vulnerables sin tener con qué estudiar. Los sostenedores anunciaron movilizaciones si los problemas con la Junta Nacional no se solucionan a la brevedad.