Con el objetivo de analizar y conocer los impactos de los conflictos socioambientales presentes en la Región de La Araucanía, Ana Reveco Liempi, estudiante de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables y practicante del Centro de Políticas Púbicas de la UCT (CPP UCT), efectuó un completo estudio.

“Se define como conflicto socioambiental a las disputas manifestadas en un ámbito público, entre distintos actores sobre las diferencias de opiniones en cuanto a la utilización de los recursos naturales de un territorio”, precisó Reveco.

Agregó que, en el caso de la Región de La Araucanía, los conflictos socioambientales identificados por el Mapa de Conflictos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en el período 2010-2014, dan cuenta de nueve conflictos; cuatro cerrados, dos activos y tres latentes, donde en su trabajo abordó estas últimas dos categorías. 

La practicante del CPP UCT detalló que a nivel regional el 56% de los conflictos socioambientales están asociados al sector de energía, 33% pesca y acuicultura y 11% saneamiento ambiental. 

“De acuerdo con los datos recogidos y analizados, Reveco puntualizó que son una de las principales causas de conflictividad, la vulneración de principios o valores de los afectados respecto a la transformación del medio ambiente (racionalidad ecológica o postura ética) y por ser emplazados en territorio indígena”, puntualizó.

En cuanto a la actual institucionalidad ambiental chilena, el estudio constata que sigue presentando deficiencias, como la tardía entrega de respuestas a las demandas de la ciudadanía, los métodos de fiscalización y las exigencias con los umbrales de tolerancia para la realización de cada proyecto que afecte a la calidad de vida de la población.

Región de La Araucanía

La estudiante destacó el trabajo realizado por el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el cual efectuó un estudio que arrojó que entre los años 2009 y 2019 se registraron 33 conflictos asociados a recursos naturales y externalidades socio ambientales.

También, en su documento, indicó lo publicado por el Tercer Tribunal Ambiental que tiene registradas, entre los años 2014 y 2021, un total de 48 causas de ingreso por categoría de demandas de reparación por daño ambiental.

“La mayor parte los conflictos está asociado al sector energía, donde se identifican tres proyectos que son de alto impacto, ya que afectan a los ciclos migratorios de especies acuáticas y ocasiona la muerte de muchos organismos, debido a cambios de temperatura del agua u otros factores”, explicó Ana Reveco.

Derechos humanos

En el ámbito de derechos humanos involucrados en los conflictos socioambientales, el INDH identificó doce, donde se presenta un rango del 20% al 100% de afectación en cada proyecto. Y sólo los derechos al territorio y a los recursos naturales, a la participación y consulta indígena y a un medio ambiente libre de contaminación, estuvieron presentes en todos los proyectos, equivalentes a un 100% de afectación, detalló la practicante del CPP UCT.

Asimismo, el análisis de Reveco indicó que las medidas tendientes a solucionar los problemas por parte de las empresas se describen como deficientes, ya que la mayoría no asumía la existencia de un conflicto desde su surgimiento y tampoco acogía voluntariamente el reclamo de los actores afectados. 

Mecanismos de la institucionalidad 

En Chile no existe una institución o cuerpo legal que abarque toda la gama de regulaciones ambientales. Por el contrario, añadió Reveco, está dispersa a lo largo de numerosos estatutos legales de jerarquía variable, cada uno refiriéndose a un asunto específico, existiendo tres organismos gubernamentales relacionados con la aplicación de regulaciones ambientales en Chile; el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

“Se necesitan crear más estrategias para un desarrollo sustentable que integren las dimensiones más importantes del conflicto socioambiental, la parte económica, ambiental y social. De tal manera que se vea “como un todo” y no como algo que se tenga que analizar por parte, ya que cada una de ellas afecta a las demás”, analizó Ana Reveco.

Y explicó que, aunque en los últimos años se han creado más instancias para acceder a la justicia ambiental, como la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y los Tribunales Ambientales (TA), “la institucionalidad sigue presentando deficiencias en cuanto a la entrega de respuestas a las demandas de la ciudadanía".

Por lo tanto, la estudiante de la UCT propuso fortalecer la institucionalidad ambiental, con el objetivo de que la justicia permita dar respuesta a las problemáticas sin vulnerar los derechos de la población. 

Comunidades y Constitución

En cuanto a las comunidades aledañas a los proyectos, y en el marco de las denuncias y entrevistas realizadas a miembros de la Comunidad Indígena Mariano Millahual, la mayoría indicó que no confiaban en los estudios ambientales, incluso las empresas que realizaron los proyectos mencionaban la inexistencias de sitios de interés para las comunidades Mapuche, aun cuando los proyectos se emplazaban dentro del territorio, por lo que demandaban el cumplimiento del Convenio 169, pero no se respetó ese derecho. 

“Actualmente se está desarrollando en Chile el Proceso Constituyente y en materia de medio ambiente se han articulado una serie de propuestas para plasmarlas en la nueva Constitución. Ejemplo de ello es la Constitución Verde, que aspira a un futuro sustentable y que los derechos medioambientales deben tener una relación directa con la protección de los derechos humanos, como la priorización del derecho público del agua”, finalizó Ana Reveco.