Planta de incineración de basura WTE Araucanía sería aprobada por seremis de La Araucanía
Al igual que lo criticado a la ex presidenta Michele Bachelet, cuando justo antes de que terminara su mandato, se autorizó la construcción de varias centrales termoeléctricas -que funcionan con carbón de piedra, una de las formas más contaminantes para generar electricidad-, a días de que concluya el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, se estaría autorizando la construcción de una planta de incineración de basura en la comuna de Lautaro, aunque también se ha explorado la posibilidad de hacerlo en Perquenco.
Fuentes de AraucaniaDiario confirmaron que ya estarían los votos para aprobar el proyecto y que la votación se realizaría apenas sea citada la Corema, Comisión Regional de Medio Ambiente, donde votarían a favor desde la seremi de Salud -pese a los contaminantes que afectarían gravemente la salud de las personas expuestas-, hasta la seremi de Desarrollo Social, no obstante que la Conadi, dependiente de este servicio, reconoció expresamente que habrán comunidades indígenas en el área de afectación del proyecto.
Comunidades
En efecto y según un documento tenido a la vista, Ana Paola Hormazábal, subdirectora nacional de la Conadi, se refirió a una de las exigencias realizadas a la empresa y que esta no respondió satisfactoriamente. "... y que dicen relación con la solicitud de implementar un monitoreo y seguimiento ambiental periódico y permanente a lo largo de la vida útil del proyecto sobre las aguas, suelos, cultivos y frutales de la población protegida (pertenecientes particularmente en las Comunidades Juan Chavarría, Tripaiñán y Pancho Cayuqueo)", señala el documento al que tuvo acceso AraucaniaDiario.
"... que pueda realmente mejorar los canales de comunicación, sobre todo para el caso de las Comunidades cercanas, a saber: CI Indígena Juan Chavarría, CI Pancho Cayuqueo y CI Tripaiñán", reconoce Hormazábal, al solicitar un gestor comunitario.
Sin embargo, la directora de la Conadi, nada dice de la consulta indígena que se debe realizar, de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos originarios, como sería por ejemplo, la autorización de una planta de incineración de basura, que contaminará el aire, las aguas y el medio ambiente donde viven al menos estas 3 comunidades indígenas que el Estado reconoce expresamente, que se verán afectadas.