Como un hecho histórico catalogó Greenpeace la solicitud del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) de caducar las concesiones acuícolas de la empresa Nova Austral, compañía que pretendía instalar 138 jaulas destinadas a la producción de salmones en aguas del Canal Beagle.

Vecinos de Puerto Williams, representantes del pueblo yagán y la ONG ambientalista celebraron la solicitud que ahora deberá ser validada por la subsecretaría de FF. AA.

“Es de enorme trascendencia que las mismas autoridades encargadas de fomentar la acuicultura en el país hayan determinado la caducidad de las concesiones en el Beagle. La salida de las jaulas instaladas es cuestión de tiempo y hacemos un llamado para que ahora la Subsecretaría de Fuerzas Armadas actúe con la máxima celeridad y se termine con esta verdadera toma ilegal de mar”, explicó Estefanía González, coordinadora del área de océanos de Greenpeace.

El caso, definido como emblemático por parte de la ONG debido a la señal que marcará, en cuanto a la expansión de la salmonicultura en los mares más australes del país, ahora se encuentra a la espera del pronunciamiento de la subsecretaría de Fuerzas Armadas, organismo facultado para confirmar la prescripción de los permisos otorgados a la empresa.

Al respecto, Estefanía González, coordinadora del área de océanos de Greenpeace, indicó que la solicitud de frenar estos permisos es un hecho sin precedentes, en la lucha contra los abusos de esta industria en el sur de Chile y una clara victoria para todos los que participaron en denunciar las irregularidades de esta empresa y que lograron detener su expansión en la zona. "Podemos decir que la impunidad de la industria salmonera en el Beagle ha terminado”, dijo González.

El conflicto con Nova Austral se remonta a los años 2004 y 2005, cuando la empresa -en ese entonces bajo el nombre de Pesquera Cabo Pilar- obtuvo cuatro concesiones, disponiendo de un año plazo para iniciar la planificación técnica del proyecto, hecho que no se cumplió. Esta situación derivó en un juicio arbitral en 2008, que finalmente determinó la suspensión completa de las operaciones, el ingreso de peces y la instalación de estructuras flotantes.

Sin embargo y pese a tener estos permisos vencidos y una medida cautelar que les impedía cualquier tipo de operación, entre enero y febrero de 2019, Nova Austral -que adquirió las licencias de Pesquera Cabo Pilar- comenzó con el traslado de materiales para adelantar el inicio de sus operaciones, lo que ha sido calificado por Greenpeace como una “toma ilegal de un pedazo de mar”.

Como respuesta, distintos representantes de la comunidad local y organizaciones, entre ellos la ONG ambientalista, presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones, que se pronunció con una orden de no innovar.

En respuesta, la empresa Nova Austral argumentó no haber iniciado actividades en la zona antes del 7 de abril de este año, hecho que fue desmentido por imágenes satelitales, fotografías y registros directos en terreno que evidenciaron el inicio de las faenas en enero de 2019.

Al respecto, la vocera de Greenpeace afirmó: “la empresa Nova Austral entregó antecedentes con los que deliberadamente le mintió a la corte, lo que fue expuesto con evidencia que, gracias al apoyo de toda la comunidad involucrada, pudimos desenmascarar con hechos reales. Ahora queda esperar la resolución de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas y sacar a una empresa que, en una verdadera toma de mar se ha apropiado de manera ilegal de un pedazo de océano que pertenece a todos los chilenos”.

En este sentido, desde la ONG advirtieron que seguirán con las instancias legales que sean necesarias y que incluso acudirán a la Corte Suprema con tal de impedir la expansión de salmonicultura no solo en las aguas que son la puerta de entrada a la Antártida, sino que se evalúe la presencia de la industria en diferentes zonas del país. 

En este contexto, Greenpeace recordó que con ocasión del vertido ilegal de salmones en Chiloé el año 2016, el recurso de protección presentado por los pescadores se perdió en la Corte de Apelaciones, pero que fue la Corte Suprema, dos años más tarde, quién confirmó la ilegalidad del vertimiento, señalando un importante precedente de protección medioambiental por parte del máximo tribunal del país.