Fue en 2020 que comenzó la preparación del juicio oral en contra de Cristian Hermógenes Ríos López, quien durante los años 2015 al 2018 desempeñó funciones como fiscal regional del Ministerio de Obras Públicas en la IX Región de la Araucanía. En dicho cargo le correspondía, según la acusación del fiscal Anticorrupción Cristián Crisosto, entre otras funciones, asesorar legal y jurídicamente a la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas y Servicios Regionales.

Asimismo, Ríos debía sancionar legalmente, controlar la legalidad de los actos y procedimientos administrativos, fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias de las diversas reparticiones del Ministerio de Obras Públicas, entre ellas la Dirección Regional de Vialidad IX Región.

"... como también verificar la legalidad de las decisiones de las comisiones de evaluación, y en general asesorar y revisar la legalidad de las diversas resoluciones dictadas por las diferentes unidades operativas en el referido Ministerio, en particular de la mencionada Dirección de Vialidad", señaló Crisosto en 2020.

"En dichas circunstancias y en el ejercicio de su función pública el mencionado acusado incumplió los deberes de su cargo, solicitando dinero a diversos usuarios y contratistas del Ministerio de Obras Públicas para, entre otras gestiones, tramitar procedimientos administrativos, acelerar la dictación de actos trámite para cursar estados de pago, para aprobación de liquidaciones finales, aprobación de liquidaciones provisorias, modificaciones de contratos, aumentos de plazos de contratos, adjudicaciones de contratos ...", agregó el fiscal Anticorrupción en la oportunidad.

Condena

Y al fiscal Anticorrupción le fue bien, ya que el Tribunal Oral de Temuco resolvió dictar veredicto condenatorio por cuatro delitos de cohecho agravado al ex fiscal investigado por Crisosto, correspondiente a ilícitos perpetrados entre 2015 y 2018.

Sobre la manera en que operaba, el fiscal Crisosto relató que el condenado efectuaba las solicitudes de coimas a empresarios que se adjudicaban o pedían extensiones de contratos al MOP, requerimientos que realizaba de forma personal y a través de intermediarios. 

La audiencia de lectura de la sentencia se realizará el próximo viernes 5 de agosto y en la acusación se pide una pena de 6 años de presidio y el pago de una multa de 53 millones de pesos, que es la suma de las "coimas" que habría recibido Ríos en los cuatro hechos acreditados.