Una vez más se suspende audiencia de la Operación Huracán

En septiembre de 2017 se realizó la detención -bajo el amparo de la Ley de Inteligencia- de ocho comuneros mapuche, entre ellos Héctor Llaitul y su hijo, supuestamente involucrados en una asociación ilícita terrorista para cometer atentados en la Macrozona Sur.

Para lograr su captura, la que realizó de manera coordinada y con gran mediatización, efectivos de Carabineros agrupados la Unidad de Inteligencia Operativa Especial de Carabineros (UIOE), falsificaron pruebas que justificaron ante la jueza de garantía de Temuco, Mónica Arancibia, las órdenes de arresto y la formalización de los imputados, otorgando al Ministerio Público un plazo de cuatro meses para investigar.

Para proveer las evidencias que permitieron que los ocho comuneros fueran detenidos, el Ministerio Público utilizó un informe policial en cuyo contenido existían interceptaciones de mensajes que se habían realizado, supuestamente, utilizando un programa espía llamado "Antorcha", cuyo uso no fue solicitado al juzgado de Garantía, como hubiese correspondido, si no al ministro fiscal de la Corte de Apelaciones, a quien los efectivos policiales engañaron también.

El juicio contra los Carabineros

Lo anterior originó una causa en contra de los carabineros involucrados, quienes han estado en prisión preventiva o domiciliaria y en la cual quien lleva la indagatoria representando al Ministerio Publico es el fiscal regional de Aysén Carlos Palma, hoy candidato a fiscal nacional.

Sin embargo y a diferencia de cualquier otra causa en Chile, ésta ha demorado ya más de 4 años y aún no se llega juicio oral. Es más, aún no pasa de la preparación del juicio, etapa fundamental para que se realice la etapa final que decidirá si los carabineros son hallados culpables o no.

Y es que llegar a juicio oral significa un gran riesgo, incluso para el propio Ministerio Publico, ya que según la abogada de uno de los imputados, al menos dos fiscales de La Araucanía debieran haber sido formalizados también por el fiscal regional Carlos Palma, quien dicho sea de paso, ni siquiera incautó para su revisión el celular del ex fiscal regional Cristian Paredes y el del fiscal Luis Arroyo, sólo días después de iniciada la investigación (tiempo suficiente para haberlo borrado).

"Hace rato lo venimos diciendo, primero respecto a Arroyo desde el día uno y luego ahora con Moya, pero curiosamente tampoco ha habido ninguna solicitud de formalización ... está probado que lo que hace Carabineros se hace por recomendación o decisión de la fiscalía. Lo declara también el general Villalobos, quien va a hablar con el fiscal regional allá (a La Araucanía) ...", manifestó la abogada Marisa Navarrete a AraucaniaDiario.

Finalmente, la próxima audiencia se realizará en un mes más, lo que dilata nuevamente la Justicia para los ocho comuneros formalizados injustamente y por supuesto, mantiene un velo sobre lo que realmente ocurrió en uno de los peores episodios de la justicia chilena en Democracia.