El Conflicto desatado por el Gobierno en contra de los propietarios agrícolas, pequeños parceleros y personas que quieren vivir en el campo escaló a la justicia, dándole un respiro a quienes han visto sus sueños amenazados.

Una resolución judicial, fechada el pasado lunes 21 de noviembre, determinó suspender los efectos de las medidas que habían sido adoptadas a mediados de año por autoridades de Gobierno -el Ministerio de Agricultura y el Servicio Agrícola Ganadero (SAG)-, que buscaba detener la tramitación de certificados de proyectos de subdivisión de predios rústicos, en aquellos casos en que se advirtiera que el proyecto involucraba un eventual cambio de destino de los lotes.

Así, todos aquellos que podían invertir sus ahorros en una parcela de 5.000 metros cuadrados, gracias a la subdivisión de un predio rural, ya no podrían hacerlo, por cuanto según el ministerio de Agricultura, amenazaba la producción agrícola del país.

Según informó El Mercurio, Fue el gremio Chile Rural el que ingresó en octubre la demanda de nulidad de derecho público contra el Fisco y pidió esta precautoria, que fue otorgada por el 7° Juzgado Civil de Santiago, logrando detener la prohibición que estableció el SAG.