Lo que inicialmente e incluso la justicia, consideró como un caso de legítima defensa, donde un empresario -también mapuche- habría actuado en defendiéndose, al ver invadida su propiedad y según él, al ser atacado con un hacha, se aleja cada vez más de lo que demuestran los hechos y pruebas que se van allegando al juicio.

En rigor, una serie de contradicciones pusieron en duda lo que decía inicialmente M.B. (el juzgado de Garantía de Villarrica ordenó no comunicar su nombre), ya que en una de las versiones habría llegado a uno de sus domicilios, portando un arma con la cual se habría defendido; pero luego en la otra versión, éste habría llegado a su propiedad y al verse presuntamente atacado, habría utilizado un arma que le habría traído un trabajador que se encontraba en el predio; esto, después de que AraucaniaDiario publicara que producto del Estado de Excepción Constitucional, se encontraba prohibido transportar armas o sacar una del domicilio al cual se encuentra asignada.

Sin embargo, fue uno de los peritajes que se han realizado lo que inclinó la balanza más aun en su contra, ya que según fuentes de este medio, el empresario habría tenido la opción de no disparar en contra de Eloy Alarcon Manquepán, subir a su camioneta y evitar cualquier enfrentamiento. Sin embargo y por el contrario, habría optado por disparar al comunero mapuche.

Así las cosas, el empresario M.B. fue reformalizado por el fiscal que lleva la causa, siendo imputado por el homicidio del joven mecánico, con lo que arriesgaría incluso una pena de cárcel efectiva. "Respecto de la reformalización del imputado B. (su apellido) por la muerte de don Eloy Alarcón Manquepán, la fiscalía efectivamente procedió a realizarla hace un tiempo atrás", confirmó el fiscal José Manuel Ramírez de Villarrica.

"(Esto) atendido a que ya habiendo desarrollado múltiples diligencias de investigación, y encontrándonos próximos al cierre de la investigación, es necesario adecuar y precisar todos los antecedentes reunidos con lo que será el contenido de la acusación, que en su momento deducirá el Ministerio Público", agregó Ramírez.

Cabe señalar que inicialmente tanto la fiscalía, como el juez de Garantía a cargo de la causa habían consentido con la tesis de la legítima defensa, dejando incluso a M.B. sin ninguna medida cautelar, lo que fue revertido por la Corte de Apelaciones de Temuco.