Un estudio realizado por el Laboratorio de Conversación Pública de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones, y del Instituto de Investigación y Postgrado de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central ha revelado una brecha significativa entre la conversación ciudadana y la agenda mediática en el país.

El informe, que corresponde a la segunda entrega de “Corrientes Subterráneas", analiza la relación entre la conversación pública de los ciudadanos y los temas tratados diariamente por los medios de comunicación.

El objetivo fue encontrar posibles vínculos e influencias entre la conversación ciudadana y la agenda mediática dominante. Para ello, se realizó un análisis exhaustivo de diversas plataformas de redes sociales y se examinaron los contenidos publicados por los principales medios de comunicación.

Los resultados revelaron que la conversación ciudadana se enfoca principalmente en aspectos sancionatorios asociados a delitos comunes en el ámbito de la justicia. Por otro lado, los medios de comunicación suelen centrarse en los actores institucionales y en aspectos más amplios relacionados con la justicia, como su funcionamiento y administración.

En cuanto a la prensa analizada, se identificaron cuatro grandes dimensiones en las que se enmarca el tema de la justicia, así como una serie de temas menores. Estos últimos se refieren principalmente a cuestiones institucionales del poder judicial, ejecutivo y legislativo, así como a asuntos internacionales. Los temas relacionados con acciones y procedimientos policiales y militares ocuparon el tercer lugar, mientras que los casos de corrupción ocuparon el cuarto lugar en la agenda mediática.

En contraste, la conversación ciudadana se centra en discusiones sobre opiniones, emociones y en las formas en que las personas desean que funcione la justicia, especialmente en el ámbito penal. Eso sí, se observa que esta conversación ciudadana representa solo una pequeña parte de todo lo que los medios de comunicación abordan en relación con la justicia.

Autotutela

“Las personas cuando hablan de justicia hablan esencialmente desde la insatisfacción y el malestar de lo que ellos ven en distintas dimensiones, desde la administración de la justicia hasta la justicia propia”, planteó Axel Callís, académico de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones y uno de los autores del estudio, en el lanzamiento de la investigación que contó con la participación del fiscal Nacional, Ángel Valencia.

El docente añadió que una de las preocupaciones es que “poco a poco, se empieza a legitimar la autotutela, la funa, las respuestas de las mismas personas, organizándose para sustituir la administración de Justicia, eso nos pone en una sociedad salvaje. O sea, es perder años de civilización”.

Promesa incumplida

Mientras, el fiscal Nacional, Ángel Valencia, apuntó a que “hay una promesa no cumplida de democratización del sistema judicial”, la que se arrastra desde la caída de la valoración del sistema de justicia tras el escándalo del caso de las farmacias por la insatisfacción de las personas sobre “cómo se podía involucrar a un bien muy valioso como los son los medicamentos, y la respuesta que tuvo el sistema judicial fue insuficiente frente a lo que exigía la ciudadanía”.

La directora de la carrera de Derecho, Maite Arauco, quien también participó del lanzamiento, comentó que “la gente a través de las redes sociales lo que hace inconscientemente es política; discutir conceptos filosóficos como lo es la justicia”.

El informe utiliza una combinación de herramientas cuantitativas y cualitativas para analizar la brecha entre la conversación ciudadana y la agenda mediática. El objetivo no es explicar causalmente esta brecha, sino constatar su existencia y plantear posibles consecuencias en materia de política pública.

“Nos gusta ver qué es lo que hablan las personas en grupos de redes sociales, que no sean grupos de política o contingencia, o sea, que no sean personas como sobre entrenadas para dar argumentos”, explica Callís.

Este estudio pone de manifiesto la necesidad de un mayor entendimiento y diálogo entre la ciudadanía y los medios de comunicación. De hecho, la brecha identificada sugiere un debilitamiento del contrato social y plantea interrogantes sobre la igualdad entre los ciudadanos.