Durante la jornada de ayer la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que busca regular la protección para los periodistas y personas que trabajen en las comunicaciones. En concreto, es un estatuto donde el Estado debe velar por su cumplimiento, para que los trabajadores de las comunicaciones no sufran agresiones de distinta índole.

La iniciativa fue impulsada por la diputada Nathalie Castillo (PC), a la que se suscribieron los siguientes parlamentarios: Alejandro Bernales (PL), Jorge Brito (RD), Karol Cariola (PC), Luis Cuello (PC), Claudia Mix (Comunes), Lorena Pizarro (PC), Daniela Serrano (PC), Hotuiti Teao (IND) y Nelson Venegas (PS).

Lo que a simple vista pareciera obvio y que todo parlamentario votaría a su favor, no ocurrió con parlamentarios de la región, donde los diputados de Renovación Nacional Miguel Becker, Juan Carlos Beltrán y en particular Jorge Rathgeb, quien es además la máxima autoridad regional del partido, votaron en contra de proteger a los periodistas y de los trabajadores de las comunicaciones, en los artículos 2, 4 y 14, que justamente regulan que se les proteja, investigue cuando son agredidos y que lo anterior sea en un plazo razonable.

Trabajadores de la comunicación

"Son tipos de agresiones en contra de periodistas y trabajadores de la comunicación, entre otras, las siguientes: desaparición forzada, homicidio, secuestro, toma de rehenes, torturas y apremios ilegítimos, violencia física y psicológica, hostigamiento, intimidación, amenazas, detención, detenciones ilegales y/o arbitrarias, ataques discriminatorios, tanto en línea como fuera de línea, censura, violación de las comunicaciones, espionaje, vigilancia ilegal, y la criminalización, incluido el hostigamiento judicial, así como toda forma de violencia sexual", dice el articulo 2 que rechazó el presidente de Renovación Nacional.

El citado artículo agrega que además de los periodistas, se debe proteger a las personas que regularmente se dediquen a la recopilación, tratamiento y difusión de la información al público por cualquier medio de comunicación tanto online como offline, incluyendo: reporteros y reporteras, camarógrafos y camarógrafas, fotógrafos y fotógrafas, el personal de apoyo técnico, chóferes e intérpretes, revisores, traductores, editores, productores, difusores y distribuidores. Lo anterior, sin que signifique necesariamente que la persona en cuestión cuente con un título profesional o equivalente.

Investigación de agresiones

"El Estado deberá adoptar todas las medidas prácticas para prevenir las diversas formas de amenazas y ataques contra la integridad de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones ... Asimismo, el Estado deberá investigar a las y los funcionarios públicos, aquellos dependientes de las fuerzas de orden y seguridad pública que ejerzan estos ataques, sancionando de manera oportuna y adecuada en caso de encontrar responsabilidades administrativas", agrega el artículo 4 también rechazado por los diputados.

Lo anterior, deberá ser además en un plazo oportuno, señala el articulo 14 siguiente y que Rathgeb rechazó también. "El Ministerio Público debe conducir las actuaciones en forma expedita, evitando dilaciones y/o entorpecimientos injustificados de los procesos que conduzcan a la impunidad y vulneren la debida protección judicial del derecho", puntualiza el artículo 14.

Sin embargo y pese a estos votos, la iniciativa fue aprobada por 75 votos a favor y ahora debe ser visado por la Sala del Senado. Lea el proyecto de Ley aquí: 14964-24-periodistas.pdf.

Nota de la Redacción:

A petición del departamento de Comunicaciones del diputado Miguel Becker, pide explicitar que hubo dos votaciones, una para aprobar la iniciativa en general, donde él votó a favor y otra, la que motiva esta nota de prensa, donde el parlamentario votó en contra, en la cual se votaron los artículos 2, 4 y 14; el primero donde se define el tipo de agresiones y se amplía la protección a todos los trabajadores de los medios de Comunicación, además de otras definiciones; el 4 y 14, donde se garantiza que el Estado proteja a los comunicadores e investigue y juzgue a quienes sean responsables de agredirlos, en un plazo razonable.

Sin los artículos 2, 4 y 14, solo se entendería por agresión algo físico y a lo más psicológico, dejando fuera todo lo demás que se definió, protegiendo solamente a quienes tienen un título profesional de periodistas; dejando fuera a camarógrafos, editores y reporteros, como los hay muchos en la región. Además, sin que el Estado garantice la protección de los comunicadores o se pueda perseguir a los responsables de las agresiones, serbia una Ley muerta.