La urgente necesidad de adaptar la normativa urbana al cambio climático

En mi experiencia como Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de La Araucanía durante los años 2022, 2023 y parte de 2024 he observado y vivido de cerca los fenómenos derivados del cambio climático y sus efectos en nuestros territorios y comunidades. Diversos informes nacionales e internacionales subrayan la urgencia de tomar medidas frente a ellos, más aún cuando 7 de los 9 criterios que la Convención Marco de las Naciones Unidas ha definido para la evaluación de riesgo de los países están presentes en Chile.

La intensificación forestal en el sur de nuestro país, por ejemplo, ha generado riesgos especialmente preocupantes. Esta situación no solo agrava la escasez hídrica de estas zonas afectando la disponibilidad de agua para la agricultura y el consumo humano, sino que aumenta los riesgos de mega incendios forestales, los que, a su vez, generan pérdida masiva de la cobertura vegetal del suelo reduciendo la capacidad de absorción natural de los mismos, resultando en un mayor volumen de agua superficial durante lluvias intensas y aumentando el riesgo de inundaciones. En estos casos, la importancia de implementar medidas preventivas y generar una planificación urbana adecuada para mitigar estos riesgos, especialmente en áreas de interfaz urbano-rural es evidentemente.

El verano de 2023 fue testigo de uno de los mayores eventos de incendios forestales en décadas, afectando más de 400 mil hectáreas en regiones como Biobío y La Araucanía. Las intensas lluvias invernales que se registraron posterior a ello causaron desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierra, dañando infraestructuras y afectando gravemente a cultivos y ganado. Según informes recientes, solo durante los meses de otoño e invierno de 2024 al menos 4 mil personas han sido afectadas directamente, y alrededor de 10 mil se encontraron aisladas debido a estas condiciones extremas​​. Las regiones más afectadas fueron O’Higgins, Ñuble, Biobío y Maule, donde el gobierno debió declarar estado de emergencia para facilitar la distribución de recursos y apoyo a las comunidades impactadas.

Otro caso reciente en las dunas de Concón y Viña del Mar, ilustra dramáticamente la necesidad de revisar y actualizar las normativas urbanas. Un socavón generado por lluvias intensas y la urbanización descontrolada ha puesto al borde del colapso a un edificio residencial, obligando a evacuar a 25 familias​​. Este evento subraya la fragilidad de los sistemas dunares ante la presión inmobiliaria y destaca nuevamente la falta de regulaciones adecuadas y de planificación urbana responsable.

La frecuencia y severidad de estos eventos extremos están en aumento, demandando una respuesta robusta por parte de las autoridades nacionales y subnacionales, pero también de la colaboración interinstitucional y la participación de la ciudadanía como agentes fundamentales de cambio. Instituciones como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), las municipalidades, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y el sector privado deben trabajar en estrecha coordinación. Las instituciones académicas y la sociedad civil también deben jugar un papel activo, aportando investigación, innovación y promoviendo la educación y conciencia ambiental.

Revisión y actualización de la LGUC

Mi propuesta, en este sentido, es iniciar un proceso de revisión y actualización de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) como medio para asegurar un desarrollo urbano sostenible y resiliente, considerando las variables climáticas tanto en la planificación urbana como en el desarrollo de la infraestructura.

Como base a esta necesaria discusión, se podría partir considerando la necesidad urgente de incluir estudios de riesgo climático en los planes reguladores comunales como elemento clave para permitir anticipar y mitigar los efectos de fenómenos extremos, respaldados por datos científicos actualizados.

Así mismo, considerar la delimitación y protección de zonas vulnerables a desastres naturales, asegurando áreas donde se restrinja la edificación para proteger tanto a las comunidades como a los ecosistemas críticos. La promoción de infraestructura verde, como parques urbanos y techos verdes, contribuiría, por ejemplo, a reducir el efecto isla de calor urbano, mejorar la gestión de aguas pluviales y aumentar la biodiversidad urbana.

Regular materiales de construcción resistentes a condiciones extremas y desarrollar planes de evacuación y educación comunitaria permitirían fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres naturales. La integración de tecnologías de monitoreo y alerta temprana en áreas de alto riesgo es clave para una respuesta coordinada ante emergencias climáticas.

Energías renovables

Por último, fomentar el uso de energías renovables en áreas urbanas y actualizar periódicamente los planes reguladores completan un enfoque integral para enfrentar el cambio climático en nuestras ciudades y territorios.

Adaptar la LGUC y OGUC a los desafíos del cambio climático es una necesidad urgente. Estas modificaciones no solo fortalecerán la resiliencia de nuestras comunidades e infraestructuras, sino que también garantizarán un desarrollo urbano sostenible y adaptativo, protegiendo a nuestras comunidades y territorios, asegurando un futuro más seguro y sostenible para Chile.