Indignación por reactivación de concesiones salmoneras en Repollal (Aysén)

Comunidades del Archipiélago de Las Guaitecas enfrentan con indignación la reactivación de una concesión acuícola en Repollal, sector de Canal Puquitín y Canal Lagrés, tras más de 15 años de inactividad. La industria salmonera, representada en este caso por AquaChile, retoma operaciones sin evaluaciones de impacto ambiental ni consideración de la economía local, principalmente basada en la pesca artesanal.

Según la Ley General de Pesca y Acuicultura, toda concesión que supere dos años sin actividad debería ser caducada. Sin embargo, informes de agosto del 2024, de la Contraloría General de la República (CGR) han evidenciado graves deficiencias en la fiscalización de 170 centros salmoneros inactivos. Pese a la instrucción de la CGR de abrir sumarios administrativos para esclarecer responsabilidades, el gobierno sigue permitiendo la reactivación de estas concesiones.

El lonko Daniel Caniullán, de la comunidad Pu Wapi, miembro del Comité Bentónico de Aysén y buzo mariscador, denuncia que este retorno a la actividad ignora el desastre ecológico que AquaChile generó en 2009. “Ese centro de cultivo generó un tremendo desastre ambiental en el ecosistema marino. Denunciamos la situación a Sernapesca y al municipio, pero no se tomaron medidas”, recuerda.

Según Caniullán, los efectos fueron evidentes: “La gente se enronchó los pies al mariscar por las masas de grasa y químicos en la superficie, el calor y la acumulación de peces muertos en los pasillos causaron un colapso de oxígeno. Hoy, en 2025, pretenden reactivar el centro, ignorando la ley y los daños que esto causará a la pesca artesanal”.

La pesca artesanal en la zona depende de recursos bentónicos como erizos, cholgas, chorros y almejas. “Es lamentable ver cómo el gobierno y las autoridades políticas desconocen la ley o hacen vista gorda. La colusión política es evidente. Hay un poder político que avala el daño, ignorando los efectos negativos y la importancia de este ecosistema”, señala el lonko.

El sector donde se reactivaría la salmonera es también hábitat de especies emblemáticas como el delfín chileno y el delfín austral. “El gobierno hace vista gorda y, para colmo, las empresas blanquean su imagen con donaciones menores, como cuadernos y lápices, engañando a quienes desconocen el impacto real de su actividad en el maritorio”, denuncia Caniullán.

El lonko también alerta sobre una preocupante plaga marina: “Hemos visto bancos naturales afectados por una anémona invasora que está desplazando a los recursos bentónicos. Si a esto sumamos los químicos y pesticidas que las salmoneras vierten al mar, el problema se agrava”.

Caniullán explica que la actividad salmonera altera gravemente el ecosistema marino: “La centoya y otros crustáceos se refugian bajo las jaulas salmoneras, lo que impide que los pescadores coloquen trampas en sus zonas de captura habituales. Esto afecta directamente nuestra economía y nuestra forma de vida”.

Ampliación de biomasa salmonera en Isla Leukayek: caso Camanchaca

A la situación de AquaChile se suma la ampliación de biomasa salmonera en Isla Leukayek por parte de Camanchaca. “Nos preocupa que el gobierno siga aprobando estos proyectos a pesar de las advertencias de los pescadores artesanales. En la participación ciudadana les dijimos que respetaran el medioambiente. Sin embargo, la avaricia y la falta de conocimiento de las autoridades les dan luz verde a proyectos inviables”, expresa el dirigente.

“Les importa un comino la opinión de los habitantes”

El dirigente enfatiza que la falta de regulación y la connivencia de las autoridades con la industria salmonera amenazan la sustentabilidad del maritorio. “El gobierno y la industria no quieren escuchar. Les importa un comino la opinión de los habitantes. Si el diálogo no funciona, llevaremos esto a tribunales ambientales para determinar si estas empresas están cumpliendo con la ley y respetando los derechos de las comunidades”.

Finalmente, Caniullán hace un llamado a la opinión pública a mantenerse informada y alerta ante estas acciones que ponen en riesgo los ecosistemas marinos de la Patagonia Norte. “Seguiremos denunciando y mantendremos informada a la comunidad sobre la evolución de este conflicto en los tribunales ambientales”, concluye.