Fiscal regional denuncia "privilegios y redes de contacto" en juzgado de Garantía de Temuco

La magistrada Ruth Martínez Velásquez tiene una carrera y trayectoria intachable. Estudió en la Universidad Católica de la Santísima Concepción e inició su carrera judicial en 2005, como jueza en Mulchén. Luego ejerció como jueza de garantía en Los Lagos y en San José de la Mariquina, para ser ascedida posteriormente a jueza del Tribunal Oral en lo Penal de Cauquenes.

Siguiendo su carrera, a continuación Ruth Martínez fue jueza de garantía en Los Ángeles, cargo que dejó para jurar en el Juzgado de Garantía de Temuco, en diciembre de 2019. "Para mí es una gran alegría asumir este nuevo desafío profesional, que asumo de la manera debida, esperando que mi treyectoria laboral sea un aporte a esta jurisdiccion y al Juzgado de Garantía de Temuco", dijo al jurar ante el presidente de la Corte de Apelaciones, el secretario y el juez presidente del Juzgado de Garantía de Temuco, Luis Olivares Apablaza, acompañada de su familia.

Como jueza de garantía de Temuco, Ruth Martínez ha tenido una destacada trayectoria, garantizando los derechos de los imputados y las víctimas, así como el debido proceso. El año pasado ejerció como presidenta del Comité de Jueces de su tribunal.

Fracasada formalización

Conociendo la trayectoria de la magistrada Martínez y su desempeño como jueza en Temuco por más de 5 años, causó extrañeza en los medios de prensa locales y entre otros jueces, la grave acusación que hizo el fiscal regional de La Araucanía, tras su fracasada audiencia de formalización de la investigación en la arista Fundación Local del caso Convenios, luego de que se abusara de la facultad que tiene la fiscalía para pedir detenciones, lo que la jueza les criticó, calificando como desproporcionadas las medidas aplicadas a 4 de 5 imputados.

En efecto, para formalizar a 5 personas que la fiscalía regional investiga hace casi dos años, al presidente de Fundación Local Héctor Troncoso, al abogado Andrés Albornoz y a su hermano Víctor Albornoz, además de dos exfuncionarias del Gobierno Regional, la fiscalía regional podría haberlos citado, como se hizo por ejemplo con el diputado Mauricio Ojeda en la arista Manicure. Sin embargo, el fiscal Carlos Cornejo gestionó sendas órdenes de detención para "asegurar su formalización", pese a que no existían indicios de que pudieran huir o de que no se presentarían a la audiencia cuando se realizara.

Lo anterior fue advertido por la magistrada, quien decretó la libertad de los detenidos y programó las audiencias de rigor, sin que se diera lugar a lo solicitado por el fiscal Cornejo.

Redes de contacto de los imputados

"La investigación y la persecución de los delitos de corrupción presentan varias dificultades. Una de ellas está constituida por los privilegios y las redes de contacto que tienen los imputados muchas veces en estas causas. En este sentido, a la fiscalía le causa extrañeza por lo exótico de la resolución (de la jueza Ruth Martínez), la imposibilidad de solicitar medidas cautelares respecto de los imputados presentes en la audiencia el día sábado", acusó el fiscal Roberto Garrido, luego de conocidas las resoluciones de la jueza.

"De hecho, a una de las imputadas se le concedió un plazo de 5 meses para poder revisar los antecedentes y comparecer a una audiencia de formalización. Respecto de dos imputados no se permitió la continuidad de la audiencia y se les dejó en libertad permitiéndoles comparecer el día martes, si es que su voluntad así lo determina, a una audiencia de solicitud de medidas cautelares", dijo Garrido además.

Finalmente, el fiscal regional de La Araucanía manifestó que la magistrada impidió el trabajo del Ministerio Público. "No solamente se ha impedido la labor de la fiscalía, en el sentido de poder requerir la imposición de medidas cautelares en delitos gravísimos, sino que además se han hecho diferencias arbitrarias entre los propios imputados", acusó Roberto Garrido.

Aquí el audio del fiscal: Fiscal Garrido por formalizacion Local.unknown