El 1 de septiembre parte el juicio al acusado de asesinar a un inspector de la PDI en Temucuicui

El 7 de enero del 2021 partía una caravana de autos desde el aeródromo de Angol, con cientos de vehículos de la Policía de Investigaciones, que en la Ruta 5 Sur se unían a otros tantos que salían de Temuco. El objetivo del operativo dirigido por el hoy exfiscal regional Cristian Paredes, planificado para el mismo día en que se leería el veredicto del Tribunal Oral en lo Penal de Angol, sobre el homicidio de Camilo Catrillanca, era "diligenciar" órdenes de aprehensión en contra de comuneros mapuche en el mismo sector donde el joven mapuche había muerto: Temucuicui.

Y les fue pésimo, tanto así que todo resultó en un fracaso donde fue asesinado un efectivo de la Policía de Investigaciones (PDI), otros 11 resultaron heridos -todos de gravedad- y hubo gran destrucción de bienes fiscales, como vehículos de la institución, armas e implementación.

Fueron más de 800 funcionarios y 400 vehículos los que ingresaron por caminos que muchas veces sólo tienen el ancho para que pase un auto o camioneta, por lo que incluso volverse no era opción.

Decir que tuvieron que salir arrancando sería benevolente con el estrepitoso fracaso de quienes planificaron, dirigieron e incluso, no permitieron que los funcionarios de la PDI salieran de sus cuarteles bien armados. Fuentes de AraucaniaDiario confirmnaron que sólo se les permitió salir con armamento de corto alcance, como revólveres y subametralladoras UZI o escopetas de asalto, todas armas para se rutilizadas de cerca.

Sin apoyo ni coordinación

Pero eso no es todo. Ya en pleno estado de Emergencia Constitucional, Paredes se negó a solicitar autorización para el operativo a los militares -a cargo de la región- e incluso, ni les informó. Por lo mismo, los cerca de 400 vehículos de la PDI no contaban con resguardo militar, pero además, como tampoco se informó ni coordinó con Carabineros, menos tenían apoyo de quienes más circulan por la zona.

De hecho, fueron justamente los Carabineros quienes tuvieron que ir e ingresar a Temucuicui para rescatar a los efectivos de la PDI que habían quedado atrapados. Es más, recibieron condecoraciones tras el rescate.

Sin embargo, la mala planificación, deficiente organización y la supuesta superioridad moral de quienes dirigieron el operativo, tuvo un alto costo: Luis Morales Balcazar, inspector de la Policía de Investigaciones que había viajado de Antofagasta para colaborar en el operativo, fue asesinado a tiros con un arma de largo alcance; luego de ser emboscado en un estrecho camino por el que lo hicieron transitar quienes "planificaron" el ingreso a Temucuicui.

Pero el costo no lo asumió nadie más que Morales, su familia, sus compañeros de trabajo que hoy sufren las heridas recibidas y quienes lo acompañaban ese día. "Los de arriba", como el exfiscal Cristian Paredes o el entonces jefe de la PDI Héctor Espinoza, nunca respondieron por nada, ni por su negligencia, ni por su responsabilidad administrativa.

1.000 matas de marihuana

El fracasado allanamiento en Temucuicui dejó una incautación de apenas 1.000 matas de marihuana y dos detenidos, más un par de armas incautadas.

Un día después en Zapallar, el 9 de enero de 2021, se incautaban 3 mil matas de marihuana, bajo la vigilancia de la Fiscalía de La Ligua, sin disparar un tiro, sin recibir tampoco ningún disparo y lo más importante, sin que fuera asesinado ningún inspector de la Policía de Investigaciones.

Encontrar un culpable

Pero como siempre en La Araucanía, bajo la mirada complaciente de algunos jueces y la fiscalía, había que encontrar a un culpable; de manera que a las 5:10 de la madrugada del martes 24 de mayo de 2022 fue detenido en Chacaico, Ercilla, Alejandro Liguén Venegas, sospechoso de ser el autor del homicidio del inspector Luis Morales Balcazar. Ya lleva 3 años en prisión preventiva.

El tema es que según el abogado del imputado, Marco Oñate, su defendido no participó del crimen y además, no hay precisión respecto a cuál es el arma homicida. El profesional afirmó que las pericias ordenadas por el Ministerio Público y que fueron realizadas por la PDI, dan cuenta de la presencia de a lo menos dos armas de similares características, utilizadas en el ataque que sufrieron 800 efectivos que intentaron ingresar a Temucuicui.

Para respaldar su argumento, el abogado presentará 9 testigos, además de pericias que incluyen dos metaperitajes, que se elaboraron con base en peritajes balísticos y otro en el que acusa sesgo en la investigación, denunciando que la Fiscalía desechó otras líneas investigativas para aclarar los hechos.

"A través de las pericias practicadas por la Policía de Investigaciones, (se determinó) que en el sitio del suceso participaron al menos dos o mas fusiles de similar naturaleza, que pudieron percutir la munición que termina impactando y dando muerte a la víctima", explicó Oñate.

"Por lo tanto la participación únicamente no se limita a Alejandro Liguén Venegas, si no que podríamos entender que si hay dos o tres o más armas que dispararon al mismo momento, ese proyectil balístico pudo haber venido de alguna de ellas", agregó el abogado defensor del único imputado por la muerte del detective Luis Morales.

Marcela Isla

Marcela Isla vive hace más de cuatro décadas en la comunidad Huañaco Millao, vecina a las comunidades de Temucuicui. La policía maneja la hipótesis de que Luis Morales Balcázar falleció frente a su vivienda, algo que ella desmiente. “Quieren que delate a alguien que no sé quién es”, manifestó la mujer.

“Me piden que firme una declaración sobre algo que no vi, que no existe”, agregó la valiente mujer.

El juicio oral parte este 1 de septiembre y luego de varias jornadas se conocerá si Alejandro Liguén Venegas es hallado culpable.