Contraloría detecta 597 equipos para medir actividad volcánica abandonados en una bodega

La Contraloría General de la República (CGR), detectó que 597 equipos de monitoreo volcánico, permanecen sin uso en la bodega del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (Ovdas) en Temuco; infraestructura dependiente del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). Entre los instrumentos se encuentran aquellos que detectan deformaciones en la superficie del volcán, por lo que su labor es clave. señalaron.

Así lo informó el ente Contralor, luego de una fiscalización a raíz de la cual informó que algunos de los equipos fueron adquiridos hace más de 12 años, lo que para la Contraloría implica una débil gestión en el uso de recursos públicos, además de un riesgo de pérdida patrimonial y de obsolescencia tecnológica, afectando la capacidad preventiva ante emergencias. "Esta situación implica una débil gestión en el uso de recursos públicos, además de un riesgo de pérdida patrimonial y de obsolescencia tecnológica, afectando la capacidad preventiva ante emergencias", puntualizó la Contraloría.

Lo anterior contrasta con la visita que realizó el subdirector nacional de geología, Mauricio Lorca, quien visitó en febrero pasado, las dependencias del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (Ovdas), en donde aprovechó de conocer en detalle la importante labor que estos equipos realizan desde Temuco, para la protección de todos los habitantes del país.

“Quedé muy satisfecho con la visita al Ovdas, donde pude profundizar sobre las diferentes misiones que cumple el observatorio y ver en terreno la dedicación puesta en el monitoreo volcánico, como también destacar la labor científica que se realiza”, comentó en la ocasión Mauricio Lorca.

“El rol que se desarrolla ahí es de vital importancia para el país, la generación de conocimiento científico que se produce en Ovdas es un permanente apoyo para dar sustento técnico a las decisiones que se toman tanto en Sernageomin, como en otras instituciones encargadas de las emergencias como es Senapred”, agregó la autoridad nacional, sin percatarse de lo que detectaría la Contraloría meses después.

Otras irregularidades

Igualmente, el informe advierte que el Plan Regional de Emergencia y el Plan Específico de Emergencia por Erupción del Volcán Villarrica no han sido actualizados, pese a que la normativa exige que se realicen revisiones cada dos años.

Asimismo, se identificaron más de 15 mil edificaciones emplazadas en zonas de alto riesgo volcánico fuera de los instrumentos de planificación territorial (planes reguladores comunales e intercomunal), construcciones que se han desarrollado sin sujeción a normativa urbanística ni evaluación previa del riesgo geológico.

A su vez, se constató que 491 edificaciones del sector rural de Chaillupén (comuna de Villarrica) se encuentran en un área sin cobertura de antenas para la transmisión de alertas del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE). De ellas, 130 están emplazadas en zonas clasificadas como de alto peligro volcánico, lo que impediría que una parte de la población expuesta pueda recibir oportunamente los mensajes de alerta ante una eventual erupción del volcán Villarrica.

Falta de señalización

En materia de evacuación hacia Puntos de Encuentro Transitorios (PET), la Contraloría detectó irregularidades en el aludido Plan Específico de Emergencia Villarrica: se identificó un PET ubicado en zona de alto riesgo de lavas y lahares. También se constató falta de señalización adecuada en cinco sitios inspeccionados y la existencia de restricciones físicas (cercos y portones) en otros cinco, debilitando la eficacia de los planes de emergencia.

Según la CGR, estas deficiencias en la gestión de riesgos en la zona del volcán Villarrica, ponen en riesgo a la población ante un eventual desastre natural.

Adicionalmente, se constataron irregularidades en el “Servicio de Monitoreo Permanente del Centro de Alerta Temprana Volcánica del OVDAS”, contratado por el OVDAS, relacionadas con la falta de control de turnos y ausencia de validación de remuneraciones de los profesionales técnicos, lo que genera pérdida de trazabilidad y posibles responsabilidades administrativas. A su vez, el nuevo modelo operativo basado en turnos 7x24 y en el uso de herramientas de automatización supervisada -previsto para implementarse en octubre de 2025 y diseñado para reemplazar el referido servicio contratado- no se ejecutó en el plazo comprometido; ello obligó a efectuar contrataciones directas para mantener la continuidad del monitoreo, evidenciando deficiencias de planificación.

Así, considerando las irregularidades advertidas, la CGR iniciará un reparo -respecto del contrato de monitoreo permanente revisado para el período 2021 a 2024- por un monto de 5,55 UF y $ 42.846.991, por el concepto de multas no cobradas y falta de cobro de garantías, respectivamente.

Sumario administrativo

El Sernageomin deberá instruir un procedimiento disciplinario destinado a establecer las eventuales responsabilidades administrativas.

Finalmente, Contraloría instó al Senapred, municipios de Villarrica y Pucón, junto con los organismos competentes, a actualizar los planes de emergencia, fiscalizar áreas rurales y coordinar acciones para garantizar la recepción de alertas y reducir la vulnerabilidad de la población.