Equipo AraucaniaDiario
"Picha Pastelería" se llama el emprendimiento de tortas que funciona en calle El Acantilado, en las Lomas de Mirasur, en Temuco, donde según se puede apreciar en las fotografías publicadas en su perfil de Instagram y en los comentarios recibidos, la calidad del producto que se entrega es indiscutible.
"Pastelería a pedido. Recetas familiares - valdivianas. Pedidos al DM. Temuco, Las Lomas de Mirasur", dice la descripción del negocio en su perfil de redes sociales.
Manjar de leche condensada o crema pastelera casera, son los ingredientes que se utilizan en la fabricación de tortas 100% caseras, en esta pastelería familiar o domiciliaria, la que sin embargo carece de la autorización sanitaria que se exige a todo tipo de microempresa familiar (MEF), donde se fabrican y venden alimentos de riesgo por sus ingredientes perecederos, como lácteos y huevos.
El proceso implica cumplir con requisitos de higiene y espacio, la cocina debe ser un lugar independiente o estar separada del uso familiar; las superficies deben ser lavables y el lugar debe tener buena ventilación y acceso a agua potable. Asimismo, debe existir un baño separado para los manipuladores, según exige la seremi de Salud.
Finalmente, se debe dar boleta o factura por la venta de los productos fabricados.
El problema es que "Picha Pastelería" funciona en una "casa fiscal", entregada a la funcionaria Patricia Pontigo Burgos por la Contraloría General de la República, lo que le impide utilizar la vivienda para otros fines que no sean el habitacional.
En efecto, así lo establece el artículo 21 del reglamento respectivo, sobre las obligaciones de los funcionarios que hacen uso de este beneficio: "Los funcionarios a los que les sea asignado un inmueble estarán sujetos al cumplimiento de las siguientes obligaciones: a) Destinar la vivienda exclusivamente al uso habitacional".
De hecho, fue la propia Contraloría la que anunció, semanas atrás, que está tras la pista del arriendo de una serie de viviendas fiscales por parte de funcionarios públicos. “La Contraloría se encuentra realizando una investigación especial sobre el uso de viviendas fiscales en el Ejército, y dos auditorías sobre inmuebles fiscales en el Ministerio de Bienes Nacionales”, consignó el ente contralor en El Mercurio y agregó: “adicionalmente, está elaborando un instructivo sobre la correcta aplicación de la normativa referente a la asignación, conservación y devolución de las viviendas fiscales, por parte de los funcionarios, públicos”.
Pues bien, la Contralora Dorothy Pérez no tendrá que ir tan lejos para fiscalizar el uso de estos inmuebles, ya que en la propia Contraloría de La Araucanía se estaría haciendo mal uso de uno de estos bienes raíces, cuyo arriendo le cuesta al funcionario beneficiado alrededor de $85 mil pesos; el costo de un par de tortas de las que se venden en "Picha Pastelería".
Fuentes de AraucaniaDiario al interior de la Contraloría, confirmaron que Patricia Pontigo Burgos trabaja en calidad Contrata, grado 13, en la planta de profesionales de la institución, desempeñándose en la región de Magallanes, lo que le permite percibir una asignación de zona de $582.494 mensual, además de todos los demás ítems de su remuneración, la que alcanza a $3.871.954 mensual.
El tema es que Pontigo en realidad vive en Temuco -donde tiene su emprendimiento de pastelería en casa fiscal- y se encuentra con "teletrabajo", percibiendo la asignación de zona de Punta Arenas, lo que no le correspondería.
De hecho el Decreto Ley 249 del ministerio de Hacienda, establece en su artículo 7°: "El trabajador que para el desempeño de un empleo se vea obligado a residir en una provincia o territorio que reuna condiciones especiales derivadas del aislamiento o del costo de vida, recibirá la asignación de zona que a continuación de indica ...".
AraucaniaDiario intentó insistentemente obtener una versión de la Contraloría General de la República, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible que respondieran desde el área de comunicaciones.
