Equipo AraucaniaDiario
La Contraloría General de la República (CGR), por órden de la Contralora Dorothy Pérez, realizó una auditoría interna a todos los funcionarios de la institución, en la cual se revisó la información proporcionada por el Instituto de Previsión Social (IPS), que detectó, según fuentes de AraucaniaDiario al interior de la institución, que varios trabajadores percibieron bonos de ayuda del Estado de manera indebida.
Incluso, algunos los habrían cobrado en más de una oportunidad, valiéndose de un error del sistema que les permitió obtenerlos una y otra vez.
“Nosotros estamos revisando mucho la entrega de los beneficios, porque queremos cerciorarnos que los recursos efectivamente vayan a las personas más vulnerables”, dijo la Contralora en el seminario “Empleo público: el Estado en su laberinto”, organizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP) esta semana.
“Hay una cantidad muy importante de beneficios que se entregan a personas que, cuando uno va a revisar, tienen condiciones económicas de muy alto nivel”, agregó la máxima autoridad de la Contraloría y en efecto así era, ya que en su propio servicio había funcionarios que cometieron, lo que el ex ministro de Hacienda Mario Marcel llamó "fraude social".
En un conversatorio en la Universidad de los Andes, el economista señaló: “Hay temas ligados al fraude social, que es el abuso de ciertos beneficios sociales por ciertas personas que no lo necesitan”. Y así es.
En efecto, tras la detección de las irregularidades -que bien podrían constituir una falta a la probidad administrativa- se informó a los involucrados que habían sido "pillados", a través de un correo electrónico.
Sin embargo, lo que llama la atención es que no se ha anunciado hasta el momento a apertura de sumarios administrativos o que se pongan los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público, e incluso se habría ofrecido a los funcionarios, que obtuvieron de forma irregular beneficios que no les correspondían, simplemente que devuelvan el dinero de los beneficios sociales mal habidos.
El plazo que se les dio para devolver los dineros es de 10 días, aunque algunos funcionarios estarían solicitando -a través del gremio- que se extienda el tiempo.
Desde la Contraloría General de la República se informó hace unos instantes, que efectivamente hace ya varias semanas -apenas detectados los primeros casos- la Contralora Dorothy Pérez instruyó el inició de un sumario administrativo, luego del cual se resolverá las medidas a implementar una vez finalizado; entre lo que se podría resolver derivar los antecedentes al Ministerio Público.
