Hace más de un año la Contraloría dictaminó que la universidad estatal debía restituir mil millones de pesos al Gobierno Regional de La Araucanía.
La Región26/11/2024
Equipo AraucaniaDiario
Fue hace más de un año que la Contraloría General de la República evacuó su informe final número 617-A, en el cual detectó serias irregularidades en los traspasos de dinero que la Universidad de La Frontera (UFRO), realiza a la Fundación de Desarrollo Educacional y Tecnológico La Araucanía - Fudea, la que depende directamente del organismo estatal y cuyos directivos son nombrados por el rector de la universidad, o es él quien autoriza su designación.
El objetivo de la fiscalización realizada por la Contraloría, era efectuar una auditoría y examen de cuentas en la UFRO, en su calidad de institución receptora de fondos públicos provenientes del Gobierno Regional (GORE) de La Araucanía, que la casa de estudios traspasó a Fudea, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2023.
Entre los graves hechos detectados, según la Contraloría, la UFRO no envió a toma de razón -revisión de legalidad del ente contralor- cuatro convenios donde le traspasaba más de $3.000 millones a FUDEA. "Se determinó que la Universidad de La Frontera omitió remitir al trámite de toma de razón a esta Contraloría Regional, cuatro convenios entre la señalada casa de estudios y FUDEA. En efecto, los montos de aquellos superaron entre un 196% y 367% el monto mínimo, expresado en UTM, que esta Entidad de Control ha definido como un acto administrativo afecto al mencionado control, en el caso de transferencias de recursos", señala el informe.
Pero no sólo evitar el control de la Contraloría fue lo objetado por el ente de control, sino también los traspasos mismos realizados desde la UFRO a la Fudea. "Se corroboró que los traspasos de recursos a FUDEA para el desarrollo de actividades propias de la UFRO, resultó del todo improcedente ...", puntualiza el ente contralor y agrega que en la Ley no se permite el traspaso de recursos a esta fundación, así como tampoco en la ficha IDI de los cuatro proyectos se le señala como ejecutora de estos recursos.
"... es menester tener presente que, analizados los cuatro convenios de transferencia citados en la tabla N° 1 del apartado de Antecedentes Generales, no se advierte que estos contengan la posibilidad de subcontratar los servicios que por dichos actos se encomendaron a la UFRO", agrega el informe.
"En atención a ello, la Universidad de La Frontera, deberá velar por el fiel cumplimiento de la medida informada en cuanto a reintegrar al Gobierno Regional de La Araucanía, los recursos observados asociados al convenio “Economía Circular 4.0 para el Desarrollo de lnnovación Empresarial en Pymes”, código BIP N° 40041441, por un monto de M$ 1.000.000, no rendidos ni utilizados, lo que deberá ser acreditado documentalmente ante este Organismo Fiscalizador, en un plazo de 30 días hábiles", sentencia el ente contralor, es decir, debieron ser devueltos a más tardar a fines de noviembre de 2023.
Sin embargo, también la Contraloría observó que los traspasos entre la UFRO y la Fudea no procedían por existir un evidente conflicto de intereses, toda vez que el directorio o lo nombra el rector de la universidad, o se designan con su venia.
"En efecto, en la primera representación del mencionado decreto N° 34, de 2022, se precisó que no se ajustó a derecho, toda vez que según los estatutos de FUDEA, su administración correspondía a un directorio que estaba conformado por cinco miembros, cuatro de ellos nombrados por la Junta Directiva de la UFRO a propuesta del rector y un miembro nombrado por este último, identificándose, en dicha oportunidad, que formaban parte del directorio, entre otros funcionarios de la UFRO, la Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, y el Vicerrector de Administración y Finanzas. Además, el rector de la referida casa de estudios sería el presidente honorario de la fundación", puntualiza el informe.
"Al respecto, se evidenció la existencia de una relación entre las personas que administran la Fundación de Desarrollo Educacional y Tecnológico La Araucanía y la casa de estudios que realiza la contratación en análisis, configurándose, por ende, un conflicto de intereses ...", agrega.
Finalmente, la Contraloría General de la República quedó en realizar un sumario administrativo, cuyo resultado, a más de un año de entregado el informe, es desconocido.
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