Informe de la Contraloría detectó graves irregularidades entre la Universidad estatal y su fundación Fudea, donde entre otras, omitieron enviar a toma de razón proyectos por más de $3 mil millones.
La Región05/01/2024
Equipo AraucaniaDiario
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló en contra de quienes resulten responsables, por el traspaso de recursos entre la Universidad de La Frontera (UFRO) y su fundación de Desarrollo Educacional y Tecnológico La Araucanía, FUDEA, con recursos entregados a la casa de estudios estatal por el Gobierno Regional de La Araucanía.
Así lo confirmó en exclusiva el CDE a una periodista de este medio, quien a través de transparencia le requirió al ente estatal que informara lo siguiente: "1) Solicito se me informe y entregue copia de los documentos que respalden, si en los casos de traspasos de recursos del Gobierno Regional de La Araucania con la Universidad de la Frontera, el Consejo de Defensa del Estado presentó alguna querella o se hizo parte de alguna acción legal".
A lo cual el Consejo de Defensa del Estado responde: "Con respecto al N°1 de su solicitud, informo a Ud. que, este Consejo presentó querella en el RUC 2310039890-7 del Juzgado de Garantía de Temuco, causa que se encuentra reservada judicialmente".
Si bien es cierto, el CDE no entrega mucha información, la Contraloría General de la República (CGR) sí detalló las graves irregularidades que se detectaron en la UFRO y que originan esta querella.
Fue el 12 de octubre de 2023, que el ente contralor evacuó su informe final número 617-A, detectando serias irregularidades en los traspasos de dinero que la Universidad de La Frontera, realiza a la Fundación de Desarrollo Educacional y Tecnológico La Araucanía - Fudea, la que depende directamente del organismo estatal y cuyos directivos son nombrados por el rector de la universidad, o es él quien autoriza su designación.
El objetivo de la fiscalización realizada por la Contraloría, era efectuar una auditoría y examen de cuentas en la Universidad de La Frontera, en su calidad de institución receptora de fondos públicos provenientes del Gobierno Regional de La Araucanía, que la casa de estudios traspasó a la Fundación de Desarrollo Educacional y Tecnológico La Araucanía, FUDEA, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2023, extendiéndose a otros períodos en la medida que sea necesario. Y se detectaron irregularidades.
Entre los graves hechos detectados, según la Contraloría, la UFRO no envió a toma de razón -revisión del ente contralor- cuatro convenios donde le traspasaba más de $3.000 millones a FUDEA.
"Se determinó que la Universidad de La Frontera omitió remitir al trámite de toma de razón a esta Contraloría Regional, cuatro convenios entre la señalada casa de estudios y FUDEA. En efecto, los montos de aquellos superaron entre un 196% y 367% el monto mínimo, expresado en UTM, que esta Entidad de Control ha definido como un acto administrativo afecto al mencionado control, en el caso de transferencias de recursos", señala el informe.
Sin embargo, también la Contraloría observó que los traspasos entre la UFRO y la Fudea no procedían por existir un evidente conflicto de intereses, toda vez que el directorio o lo nombra el rector de la universidad, o se designan con su venia.
"En efecto, en la primera representación del mencionado decreto N° 34, de 2022, se precisó que no se ajustó a derecho, toda vez que según los estatutos de FUDEA, su administración correspondía a un directorio que estaba conformado por cinco miembros, cuatro de ellos nombrados por la Junta Directiva de la UFRO a propuesta del rector y un miembro nombrado por este último, identificándose, en dicha oportunidad, que formaban parte del directorio, entre otros funcionarios de la UFRO, la Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, y el Vicerrector de Administración y Finanzas. Además, el rector de la referida casa de estudios sería el presidente honorario de la fundación", puntualiza el informe.
"Al respecto, se evidenció la existencia de una relación entre las personas que administran la Fundación de Desarrollo Educacional y Tecnológico La Araucanía y la casa de estudios que realiza la contratación en análisis, configurándose, por ende, un conflicto de intereses, al menos potencial", agrega.
"En dicho orden de ideas, de conformidad con lo previsto en el inciso tercero del artículo 1° de la ley N° 20.880, Sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, se configura un conflicto de intereses cuando respecto de quien ejerce funciones públicas concurren circunstancias que le restan imparcialidad en el ejercicio de sus competencias", establece en este punto.
Finalmente, llama la atención la nula publicidad de estos actos por parte del Consejo de Defensa del Estado, en comparación con la publicidad que se le dio a la querella presentada por el mismo CDE, en contra de los funcionarios del GORE Araucanía, proceso también bajo "reserva judicial".
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Ricardo Barría Dillems, ingeniero comercial, magíster en comunicación. Editor de AraucaniaDiario, miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
