Contraloría pide antecedentes por viaje de autoridades de la UFRO a Colombia con todo pagado

El 20 de octubre de 2025, el decano de Comunicación de la Universidad de La Frontera (UFRO) Luis Nitrihual, periodista de profesión, se negó -a través de la universidad- a entregar información pública, elaborada con recursos públicos y que decían relación con un correo enviado a través del servidor institucional de la UFRO, aduciendo que se trataba de comunicaciones de carácter personal y opiniones.

"Los documentos cuya entrega se solicita no constituyen actos administrativos ni forman parte de la gestión institucional de la Universidad, sino que corresponden a comunicaciones de carácter personal y opiniones emitidas por un funcionario público, en el marco de su calidad individual y no institucional", respondió a AraucaniaDiario Plinio Durán, secretario general de la universidad, sin que aquello fuera efectivo.

"... dichas comunicaciones no se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley N° 20.285, en cuanto no son documentos oficiales que emanen de la Universidad como órgano público, ni reflejan decisiones, actuaciones o fundamentos de sus funciones administrativas", agregaba la respuesta, que se puede leer íntegramente en el documento que se muestra a continuación y del cual AraucaniaDiario no recurrió, por haberse hecho el punto en la propia respuesta de la universidad.

Lo que ocurre, es que lo que se solicitaba sí era la actuación de un funcionario público, ya que en el correo requerido, Nitrihual solicitaba formalmente a otro órgano de la universidad, al equipo jurídico de la UFRO, estudiar -con recursos públicos- la interposición de un recurso de protección, por lo que consideraba un "ataque constante" que estaría recibiendo él y todos los académicos de la UFRO, por parte de AraucaniaDiario.

"... he solicitado dos acciones a nuestro equipo juridico de la Universidad y Contraloría: 1. Estudiar un recurso de protección en favor de todas y todos los académico/as en virtud del ataque constante que estamos recibiendo. El derecho a la libertad de expresión debe ser compatible con el derecho a la honra", informaba en una carta enviada -formalmente- a los consejeros de la universidad, la que se puede leer en forma íntegra aquí: Carta Luis Nitrihual a Consejeros UFRO.pdf

Investigación sumaria

Pero el decano no sólo buscaba atentar contra la Libertad de Prensa e Información, sino también atemorizar a las múltiples fuentes que posee AraucaniaDiario al interior de la UFRO y que buscan, como nuestro medio, transparentar lo que ocurre al interior de la universidad estatal.

Así, Nitrihual comunicaba haber solicitado una investigación sumaria para identificar y sancionar a quienes nos entregan información -que es pública- y a la cual deben tener acceso todos los chilenos. "2. Una investigación sumaria para determinar responsabilidades administrativas, si correspondiera, por la filtración de información sensible y tervigerzada (SIC) con el claro ánimo de acosar y perseguir al suscrito ...", decía la segunda acción solicitada al equipo jurídico de la UFRO y contraloría interna.

Incoherencia supina

Y llama la atención -ya al interior de nuestro medio de comunicación- que sea el señor Nitrihual quien se quejaba de que información pública, se haga pública.

"Las universidades somos instituciones rectoras en la sociedad, cumplimos funciones públicas", decía Nitrihual en una carta abierta al entonces Presidente de la República Gabriel Boric y recalcaba: "Toda organización universitaria que reciba fondos públicos, de la cuantía que sea, debe tener un sistema de transparencia activa en todos los niveles del gasto".

Al parecer, esto se debía aplicar menos cuando el señor Nitrihual viajaba a Colombia, financiado con millonarios recursos públicos, en tiempos de escasez. En ese caso, hay que negar información pública, solicitar al equipo jurídico de la universidad que estudie -con recursos públicos- la interposición de un recurso de protección y a la vez, una investigación sumaria para saber quién nos informó.

Pues bien, ahora es la Contraloría la que pregunta, veremos qué concluye y si le niegan también la información pública.