Similar al caso del "zorrito" en el SAG: exdirector de Sernapesca vendía recursos en veda
Un escándalo de proporciones mayúsculas en el ámbito de la fiscalización pesquera y la fe pública comenzó a ser desentramado por el Ministerio Público bajo el nombre de "Merluza-Gate". Se trata de una compleja red criminal dedicada al contrabando, extracción ilegal y posterior "blanqueo" de toneladas de merluza común y otros recursos marinos en veda o bajo estrictas cuotas de captura, la cual operaba mediante el pago de sobornos y la complicidad activa de funcionarios de instituciones clave del Estado.
Las diligencias, que se mantuvieron bajo estricto esquema de inteligencia policial, apuntan a una organización delictiva con base de operaciones en la zona centro-sur del país, pero cuyas ramificaciones logísticas y comerciales se extendían de manera transversal. El modus operandi consistía en la falsificación de instrumentos públicos y guías de libre tránsito para movilizar cargamentos millonarios de pescado capturado al margen de la ley, burlando sistemáticamente los cordones sanitarios y pesqueros.
El elemento más crítico de la indagatoria penal radica en la penetración de la banda organizada en los estamentos fiscalizadores. De acuerdo con los antecedentes iniciales de la carpeta investigativa, la red criminal logró corromper y cooptar a personal del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), efectivos de Carabineros de Chile y funcionarios pertenecientes a un municipio de la zona sur, quienes presuntamente facilitaban información privilegiada, omitían controles carreteros a cambio de dádivas económicas y agilizaban patentes o permisos irregulares.
Entre otros, Guillermo Quiroz, ex directo regional (s) de Sernapesca, quien fue detenido y desvinculado de la institución al descubrir un millonario entramado de corrupción para extraer, blanquear y comercializar los recursos en veda.
El esquema del blanqueo de recursos
La investigación criminal, apoyada por brigadas especializadas de las policías, logró interceptar comunicaciones telefónicas, seguimientos en terreno y peritajes financieros que confirmaron el pago sistemático de sobornos. Los transportistas y empresarios pesqueros involucrados en la red sabían de antemano qué turnos de fiscalización estarían "libres" en las rutas de conectividad interprovincial gracias a los avisos de los funcionarios corrompidos, asegurando la llegada del producto ilícito a los grandes mercados de distribución del país.
Asimismo, se indaga el otorgamiento de documentación y autorizaciones municipales fraudulentas que permitían a centros de acopio y pescaderías clandestinas validar el origen del recurso ante auditorías externas, configurando los delitos de cohecho, soborno, asociación ilícita y contrabando.
Reacciones y querellas institucionales
Ante la gravedad del entramado delictivo, el Gobierno y las direcciones nacionales de los servicios afectados anunciaron la apertura inmediata de sumarios administrativos internos para suspender de sus funciones a los presuntos implicados y determinar el alcance de las responsabilidades de cada repartición.
En paralelo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y las subsecretarías respectivas preparan un paquete de querellas criminales en contra de todos quienes resulten responsables de este grave perjuicio a la sustentabilidad de los recursos marinos del país y a la probidad administrativa. Las audiencias de formalización de cargos en contra de los primeros líderes de la banda y los funcionarios públicos involucrados se proyectan para las próximas jornadas en los tribunales de garantía correspondientes.