Sumario exonera a funcionarios de Pucón cuestionados por concejales y Contraloría

La investigación administrativa instruida por la CGR arrojó la improcedencia de medidas sancionatorias contra los profesionales Jefferson Adaro e Iván Soriano.
Municipalidad de Pucon

Mediante el Decreto Alcaldicio N° 2509, de fecha 20 de julio de 2026, la Municipalidad de Pucón dio por cerrado de manera definitiva el sumario administrativo, derivado del Informe N° 731 de la Contraloría General de la República (CGR), que se debió realizar por instrucción expresa del contralor regional en contra de los funcionarios Jefferson Adaro Valencia, Iván Soriano Tenorio y Esteban Backit, entre otros.

El acto administrativo dejó establecido que no corresponde aplicar medida disciplinaria, sanción estatutaria ni falta funcional alguna a estos profesionales, por cuanto no les cabe responsabilidad, situando el origen de las observaciones en fallas de control jerárquico interno de la administración.

Tras el afinamiento del sumario administrativo, que ratifica la exención de cargos o sanciones disciplinarias respecto de estos profesionales, confirmaron que "se preparan las correspondientes acciones judiciales de indemnización de perjuicios por daño moral y reputacional en contra de quienes resulten responsables, de las campañas de descalificación e imputaciones mediatizadas recibidas".

Remuneración

Lo cuestionado a estos profesionales era la remuneración que recibían por la prestación de sus servicios, que en el caso de Adaro se acercaba a los 4 millones de pesos y de Soriano al rededor de $5 millones, por trabajos que efectivamente se desarrollaron.

Mientras que Iván Soriano trabajaba en ese momento como Control interno, el periodista y asesor de comunicaciones Jefferson Adaro, se desempeñaba como asesor comunicacional y jefe de gabinete del alcalde, cuestionando la Contraloría los montos, aunque para ese tipo de cargos la remuneración pagada está dentro de lo normal.

Crítica de concejales

Uno de los primeros que salió a criticar, fue el concejal de Renovación Nacional y nieto del exalcalde Carlos Barra, Emilio Ulloa, a quien fuentes de AraucaniaDiario al interior del partido han confirmado que quieren llevar contra Sebastián Álvarez, en las próximas elecciones municipales.

Ulloa declaró que este tipo de presuntas irregularidades, cometidas por el alcalde Sebastián Alvarez, daña la confianza de la ciudadanía en su municipio, agregando que existía un pago excesivo de sueldos y también duplicidad de cargos.

"Creo que es importante que el alcalde y su administración den las explicaciones claras y asumir las responsabilidades ... Exijo responsabilidad, transparencia y acciones inmediatas para detener estas malas prácticas en el municipio de Pucón", dijo en la oportunidad Emilio Ulloa, antes de que el tema se encontrara investigado y aclarado.

Por su parte, la concejala del Frente Amplio (FA), Verónica Castillo, señaló que cuatro concejales habían exigido el preinforme y que hasta el momento no se lo habían compartido, lo que se subsanó luego con el informe final.

Otras sanciones

Sin embargo, el sumario administrativo —que aun se puede reponer o apelar— dictó otras sanciones contra funcionarios y exfuncionarios municipales, como en el caso del ex administrador municipal, Francisco Torres, para quien el sumario pide su destitución.

Según el documento que se hizo llegar a AraucaniaDiario, la sanción a Torres es por: Faltar gravemente a su deber de ejercer el control jerárquico como administrador municipal, conforme al artículo N° 64, letra a), del DFL 29, lo que condujo a la vulneración de los sistemas de contratación; lo anterior, al fijar remuneraciones y bonos sin fundamento técnico, validar informes contradictorios, manifestar desconocimiento de la planta municipal y ordenar la extensión improcedente de contratos bajo el Código del Trabajo, más allá del periodo estival legal”.

También hubo sanción para el jefe de Recursos Humanos, Ignacio Quiroz, a quien se le multa con el 25% de sus remuneraciones, donde los involucrados, aún tienen la posibilidad de pedir reconsideración al alcalde Sebastián Álvarez, o escalar hasta la Contraloría o la justicia ordinaria, para tratar de cambiar la resolución.

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